En rueda de prensa tras reunirse con representantes de CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEs, ANPE, FSIE, USO y CIG, Tiana señaló que "hay un acuerdo importante en que la ley vaya acompañada de la financiación suficiente para llevarse a cabo".

No obstante, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López, indicó que el ministerio es más partidario de acompañar la ley con una memoria económica en lugar de una ley de financiación.

Esta reunión es la primera de una ronda que mantendrá Tiana con los diferentes sectores educativos y que se verá sucedida de encuentros con las asociaciones de padres, con los estudiantes y con los titulares de los centros.

Según Tiana, entre los sindicatos existe también un acuerdo "muy extendido" en relación con la elaboración del Estatuto de la Función Pública del Docente, con el fin de incrementar la atención al profesorado, así como en que se debe desarrollar la carrera profesional del docente.

Las negociaciones entre los sindicatos y el ministerio para desarrollar el citado estatuto se iniciarán el próximo mes de febrero.

DISCREPANCIAS

Tiana destacó que las mayores discrepancias están relacionadas con el modo de afrontar la atención a la diversidad en la educación secundaria, aunque precisó que no hay posiciones "insalvables".

Asimismo, calificó de "mayores" las diferencias en cuanto al lugar que debe ocupar la asignatura de religión en la escuela o en el tipo de elección de los directores de los centros.

Por último, Tiana aseguró que el debate sobre la reforma educativa se encuentra en los plazos previstos y se mostró confiado en que el proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento en el año 2005.

SINDICATOS

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Campos, apostó por la importancia de alcanzar un Pacto de Estado que también se extienda a las comunidades autónomas.

Carlos López, de UGT, enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado, de reducir el número de interinos y de mejorar la complementariedad entre la enseñanza pública y la privada en relación con la atención a la diversidad.

Ricardo Santos, de CSI-CSIF, subrayó que, si no se quiere hacer una reforma "política", el ministerio deberá contar con la opinión del profesorado. Desde STEs, Augusto Serrano señaló que el peso de la ley debe centrarse en la enseñanza pública y en la reducción del número de alumnos por clase.