La proposición, aprobada por mayoía absoluta en la Cámara catalana, reivindica la gestión del servicio social por las comunidades autónomas y la equiparación entre el tiempo de duración de la prestación social (13 meses) y el servicio militar (9 meses).

Asimismo, la iniciativa del Parlamento catalán reclama la aceleración de los trámites para el reconocimiento legal como objetor de conciencia, que actualmente se puede dilatar durante más de tres años.

Jaume Padrós, de Convergència i Unió, defendió la necesidad de que la prestacin social sea considerada como un servicio "verdaderamente alternativo a la 'mili' y no como algo sustitutorio".

Magda Oranich, de Iniciativa per Cataluña, destacó los resultados de las últimas encuestas realizadas en su comunidad autónoma, en las que los jóvenes se declaran mayoritariamente contrarios al servicio militar.

En defensa de la actual ley de Objeción de Conciencia, la diputada del PSOE Angustias Rodríguez dijo que las intervenciones en contra de la legislación vigente incurren en una vsión "emocional" del servicio militar.

Como argumento a favor del mayor tiempo de duración de la prestación social, Rodríguez dijo que a los objetores se les da un tratamiento "desigual" porque mientras los soldados "tratan con armas", la labor de los objetores "entraña menor riesgo".

Santiago López Valdivielso, del Partido Popular, consideró inadmisible la proposición de ley del Parlamento de Cataluña porque "plantea los mismos argumentos que otras iniciativas similares contra la actual regulacin".

A su juicio, los problemas únicamente están surgiendo por la incapacidad del Gobierno para gestionar la objeción de conciencia. "Se están ocasionando serios trastornos a los jóvenes que solicitan realizar la prestación social, ya que se tarda mucho tiempo hasta que son reconocidos como objetores", dijo el diputado popular.

Respaldaron la iniciativa del Parlamento Catalán Izquierda Unida, Convergència i Unió, CDS, Unión Valenciana y Euskal Ezkerra.