En concreto, el Ejecutivo español estaría violando la Directiva 92/43/CEE de protección de los hábitats, y la Directiva 2011/92/UE de impacto ambiental, según informa WWF en una nota de prensa.

“Hemos denunciado ante el Tribunal Supremo los permisos de investigación otorgados por el Gobierno y ahora denunciamos ante Bruselas la declaración de impacto ambiental aprobada, ya que permite las prospecciones en el mayor núcleo de ballenas y delfines de toda la Unión Europea”, asegura el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Para WWF, llama la atención que las localizaciones de los sondeos están justo en el límite del área estudiada por el proyecto ’Life Indemares’, que descubrió los grandes valores ambientales de la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura. Según las conclusiones del proyecto, la zona es una de las más importantes del mundo para los cetáceos, con presencia de 29 especies, algunas de ellas amenazadas y todas protegidas por la legislación europea.

“Las ballenas no saben leer el BOE. El Gobierno ha dividido artificialmente la zona en la que viven las ballenas, protegiendo un lado y permitiendo las prospecciones petrolíferas justo en el otro. Es una arbitrariedad que no puede ser tolerada por las instituciones europeas”, agrega Juan Carlos del Olmo.

Además, WWF argumenta que “el Estado español ha autorizado los sondeos sirviéndose del retraso en la declaración del área marina protegida que linda con los terrenos a prospectar, lo cual vulnera el Tratado de la Unión Europea”.

Por último, la organización ecologista denuncia que “el proyecto también vulnera la Directiva europea de impacto ambiental, pues no analiza adecuadamente el enorme rechazo social y está lleno de vaguedades e indefiniciones: no se identifican adecuadamente las afecciones sobre la fauna, los ecosistemas, la pesca y la población local, ni se especifican las medidas para atenuar los previsibles impactos de la actividad”.