Los sindicatos del profesorado Fsie y USO se sumaron también a esta queja, por considerar que la reforma solo empeora una situación que ya era discriminatoria.

En nota de prensa, estas organizaciones denunciaron que desde 2010 centros y profesores del sector sufren una disminución de recursos y salarios, a lo que hay que agregar a una financiación que de partida “era insuficiente”.

Esta norma y sus desarrollos autonómicos “dificultan la negociación colectiva e incumplen acuerdos alcanzados entre las organizaciones y las administraciones educativas”, destacaron.

Asimismo, resaltaron que la escuela concertada “no se beneficia de estos recortes como se dice en algunos foros”, ya que la caída de sueldos del profesorado y la falta de recursos es análoga en ambas instituciones.

Además, se debe tener en cuenta “el incumplimiento en el régimen de conciertos” y “ciertas condiciones laborales específicas de la escuela concertada”, que este real decreto-ley ni siquiera contempla, señalaron.

Por todo ello, pidieron la convocatoria de la mesa sectorial de la enseñanza concertada a nivel nacional y autonómico, y exigieron un “diálogo permanente que analice la aplicación y el impacto de esta reforma”.