Según informó este viernes el Constitucional, se han trasladado la demanda y demás documentos presentados tanto al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno como al Parlamento y Gobierno de Navarra para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.

Los parlamentarios recurrentes consideran que la ley impugnada, que entró en vigor en marzo pasado, ha podido vulnerar el principio de reserva de jurisdicción recogido en el artículo 117.3 de la Constitución, así como en el artículo 53.2 y los derechos de los artículos 18 y 24 de la Carta Magna de los terceros afectados por el procedimiento regulado en la ley foral recurrida.

La llamada ley navarra “de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos” establece que las personas que sean incluidas en esta denominación puedan recibir ayudas.

“FRUSTRACIÓN PENAL”

Así, esta normativa establece que “todas las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra han de adoptar las medidas precisas” para “esclarecer al máximo los hechos y documentar los casos existentes de una forma veraz y coherente, con el propósito de fijar la verdad de lo sucedido”.

Estas administraciones también deberán “reparar y rehabilitar a las víctimas de motivación política”; “evitar, hasta donde sea posible, la sensación de impunidad y frustración penal”; e “impulsar el reconocimiento del daño causado por parte de las personas, organizaciones o instituciones que protagonizaron los hechos violentos”.

Quienes sean reconocidas como víctimas de “grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”, tendrán reconocidas “indemnizaciones económicas por daños físicos o psicológicos, por daños materiales en bienes, viviendas habituales o vehículos o en sedes de partidos políticos, organizaciones sociales o medios de comunicación”.