Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior a su reunión con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y el Sindicat de Llogateres, apuntando que comparte con estos colectivos que el acceso a la vivienda es “un derecho fundamental” y además es “uno de los principales problemas del país”.

Díaz señaló que el actual tope al incremento del precio de los alquileres, que previsiblemente se alargará más allá del 31 de diciembre tras anunciar Bildu la contrapartida durante la negociación de los presupuestos, se circunscribe a los contratos que están en vigor. “Cuando acaba la vigencia del contrato, la negociación está siendo imposible para muchas personas, pues en muchas ciudades las revalorizaciones que se están produciendo son del 30% o 40%”, criticó.

Este será el nuevo caballo de batalla de Díaz en la negociación con el PSOE del decreto anti-crisis, que se unirá al diseño de desahucios que “cumplan con los mandatos de Naciones Unidas y tengan, por tanto, una garantía habitacional”. Para Díaz, esta propuesta tiene que ver “con el modo en el que salimos de esta crisis”, donde “hay perdedores y ganadores”, entre los que situó a la banca, las empresas de distribución y las personas jurídicas que participan en el sector inmobiliario.

De hecho, sobre estas personas jurídicas, señaló que tienen que “corresponsabilizarse” de la salida de esta crisis y la garantía habitacional “tiene que depender de estas personas”.

Además, señaló sobre la Ley de Vivienda que es “urgente” su “desbloqueo” ya que actualmente se encuentra en trámite parlamentario por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos con los socios de investidura sobre cuestiones como la propia cuestión de los desahucios y el límite de los alquileres.

La norma define a los grandes tenedores como aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas y serán estos, en virtud de la aplicación por parte de las comunidades autónomas, quienes tengan que acogerse al límite que pretende instaurar el Gobierno.

No obstante, Díaz afirmó que una persona “que tiene cinco propiedades” tiene “capacidad de influir en el mercado de la vivienda”, apuntando que es “un debate importante” porque existe “distorsión” en el mercado de vivienda por cómo se está operando en los límites de la tenencia de propiedades.