Así lo indicó Millán en rueda de prensa desde el Congreso, donde comentó que con esta iniciativa Vox pide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualice los números de excarcelaciones y reducciones de condenas que se han producido desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 como consecuencia de la aplicación de dicha ley.

“Nosotros no olvidamos lo que ha hecho este Gobierno en nombre de su falso feminismo, que ha sido poner en la calle a depredadores sexuales con la excusa de una protección para las mujeres que es simplemente mentira” y, por ello, “queremos saber y conocer cuáles son los efectos que seguimos sufriendo los españoles por culpa de la irresponsabilidad de una clase política fanática, cegada por su ideología, que está poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres en España”, destacó.

El documento registrado expone que, según los últimos datos publicados por CGPJ, “gracias a esta ley se ha excarcelado a 126 agresores sexuales y se ha reducido la pena a 1.233 de ellos”. “La ley que se pretendía erigir como una barrera infranqueable para proteger la libertad y la seguridad de las mujeres ha tenido, en realidad, el efecto contrario”, lamenta.

Los datos respecto al número de delincuentes beneficiados por esta ley “llevan sin ser actualizados en la página web del CGPJ desde noviembre de 2023”. “Ha transcurrido más de un año, en concreto 15 meses, sin noticias del número de condenados que se han beneficiado de las excarcelaciones y reducciones de condenas que esta ley permite”, explica Vox.

En este sentido, Vox critica que, a pesar de que el CGPJ se comprometió a publicar estos datos, el “apagón informativo” que se ha sucedido durante los últimos 15 meses a este respecto “coincide con el inicio de las conversaciones para la reforma pactada por los dos grupos parlamentarios mayoritarios”, PP y PSOE.

Por ello, este partido exige que se publiquen “los datos actualizados de delincuentes beneficiados” por la ley del ‘sólo sí es sí’; que se inste al CGPJ a que actualice estos números, y que se pida a la Fiscalía General del Estado que introduzca en su memoria anual un apartado que señale las consecuencias procesales de la aplicación de esta norma.