Para las citadas organizaciones, esta asistencia sanitaria debe estar basada en los principios de "universalidad, equidad, gratuidad, financiación y provisión pública y control democrático de todas las actuaciones llevadas a cabo por la administración".

Según estas organizaciones, las consecuencias de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid van desde la existencia de listas de espera de hasta 10 días para una consulta con el médico de cabecera y de varios meses para una consulta de especialidades, hasta problemas de saturación de las camas y urgencias hospitalarias y otras muchas deficiencias que sufren miles de madrileñas y madrileños.

Para vecinos y sindicatos, el objetivo de la política de Esperanza Aguirre es claramente el de "deteriorar y desmantelar el sistema público de sanidad". Prueba de ello son, a su juicio, algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno regional, como la privatización de servicios e infraestructuras, la política de congelación de la contratación de personal, la derivación sistemática de pacientes y pruebas diagnósticas a los centros privados o la desaparición de la Dirección General y el Instituto de Salud Pública.

Frente a esta situación, y con el fin de asegurar el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud que tienen todos los ciudadanos, las cuatroorganizaciones trasladarán varias propuestas al Gobierno regional y advierten de que llevarán a cabo movilizaciones si no son atendidas.

Entre ellas, figura la necesidad de abordar una reforma consensuada de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (Loscam) que asegure que la sanidad privada tendrá un carácter exclusivamente subsidiario; reservar una financiación suficiente con partidas presupuestarias que sitúen a la Comunidad de Madrid en la media del gasto per cápita del estado, y desarrollar un Plan Integral de Salud que contemple medidas para reducir las listas de espera e incremente los recursos hospitalarios y su nivel de asistencia.

Además, reclaman rediseñar las áreas sanitarias asegurando que cada una de ellas cuenta con un hospital de titularidad y gestión pública; completar la red de Atención Primaria para garantizar la existencia de un centro de salud por cada 25.000 habitantes, un médico de familia por cada 1.200 y un pediatra por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, y potenciar la red de hospitalaria pública hasta lograr una ratio mínima de 3,5 camas públicas por cada 1.000 habitantes.

Por último, la Fravm, Fadsp, CCOO y UGT piden extender el modelo de gestión, provisión y financiación pública a los nuevos hospitales, a la Fundación Hospital de Alcorcón y a la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada; sustituir la concesión administrativa del hospital Infanta Leonor realizada a la empresa Capio por otra con gestión, provisión y financiación pública, y la inclusión de los hospitales militares de la región en la red sanitaria pública.

Las organizaciones remitirán las propuestas al Gobierno regional subrayando su disposición al diálogo y a la negociación, y advirtieron que no descartan convocar movilizaciones si el Ejecutivo madrileño "hace oídos sordos" a estas reivindicaciones, según aseguran en un comunicado.