Este acto de protesta, que tendrá lugar a las 10.30 horas, ha sido convocado por las entidades ciudadanas que componen la "Campaña por una gestión cien por cien pública del agua", entre las que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción.

Ecologistas y vecinos denuncian que la privatización del Canal provocará importantes daños mediambientales y sociales, ya que creen que, además de la gestión del agua, está en peligro un patrimonio público que en Madrid capital se corresponde con 200.000 metros cuadrados de terrenos. Además, están convencidos de que el agua será más cara y de que se reducirá la calidad del servicio.

Según estas entidades ciudadanas, con la privatización del Canal aprobada por el Gobierno regional "nos cerrarán el grifo del agua pública de calidad, nos pondrán un candado al derecho a tener un servicio de agua eficiente y nos encadenan a las graves consecuencias de privatizar un bien básico para la vida". Por ello, indican en un comunidado, "nosotros nos encadenamos a la gestión pública del agua en Madrid".

Los colectivos sociales, políticos y sindicales de la campaña están convencidos de que la privatización provocará importantes daños medioambientales y sociales, como el empeoramiento de la calidad del servicio, consecuencia de un seguro recorte de la plantillapromovido con objeto de abaratar costes.

A su juicio, esta pérdida de calidad no supondrá una reducción de las ventas de la futura compañía, dado que se trata de un servicio que se aporta en régimen de monopolio, de tal manera que por mucho que empeore la calidad del agua, la población no va a tener más remedio que seguir consumiéndola. Además, denuncian que esto favorecerá el incremento de las compras de agua embotellada, mucho más cara que el agua municipal, lo que afectará a la economía de las familias.

Vecinos y ecologistas critican también los daños ambientales que supondrá la privatización del Canal, que explican tienen que ver "con una más que probable reducción de la inversión en el mantenimiento de las redes de distribución y en la posible construcción de dos embalses que no son necesarios", en su opinión.

Están convencidos de que la decisión del Ejecutivo regional, aunque ha sido "vendida" como un mero trámite administrativo que no modifica gran cosa la vida de los madrileños, abre una etapa en la que "se venderá la empresa al mejor postor, lo que incluye la gestión del agua y el patrimonio del Canal de Isabel, un patrimonio que pertenece a todos los madrileños y madrileñas".