A su juicio, era necesaria una medida que regulara la interrupción voluntaria del embarazo en España, después de más de tres décadas de democracia.

La propuesta del Ejecutivo, según Angulo,"da solución a los problemas detectados, ofrece seguridad jurídica, respeta y tutela los derechos y bienes jurídicos presentes y es respetuosa con la Constitución".

La inseguridad jurídica en la que quedaban algunas mujeres que decidían interrumpir su embarazo, en las primeras semanas de gestación, pudiendo ser condenadas a penas de cárcel, es "impropio de un sistema democrático, que defiende la igualdad y que debe garantizar la maternidad libremente decidida", añadió.

La Unaf cree que el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno es "riguroso" porque en él han participado expertos, profesionales y sectores sociales implicados en este proceso.

Por ello, explica Unaf, aspectos controvertidos cómo que no sea necesaria la autorización de los padres para que mujeres desde 16 años puedan abortar, en las 14 primeras semanas de embarazo, tienen un respaldo legal, ya que el resto de las prestaciones sanitarias tampoco necesitan autorización paterna o materna a partir de esta edad.

En este sentido, la presidenta de Unaf señaló que los instrumentos internacionales sobre reconocimiento de los derechos de los menores priman, ante todo, el interés superior de los menores en la toma de decisiones que les afectan y, por supuesto, su propio criterio debe ser tomado en cuenta como preferente.