La publicación de Echenique decía textualmente: “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”.

La organización denunciante considera que existe en España una corriente de “cristianofobia” que, en este caso concreto, podría constituir un delito de provocación a la discriminación al odio recogido en el artículo 510 del Código Penal.