Luján hizo declaraciones a los medios con motivo de la presentación en las que consideró que “no es aceptable” que tengan que estar a la expectativa de acuerdos políticos y recordó que se pidió al Ministerio de Hacienda convocar una mesa de diálogo social para abordar la tributación de las rentas mínimas.

Argumentó que este año “no es el momento” de que el SMI tribute porque no ha alcanzado el 60% del salario medio y cuando se llegue a ese nivel, que Luján situó en los 1.396 euros brutos al mes, consideró que debería tributar.

Prosiguiendo con su crítica a las formas, Luján dijo que no se ha “hecho caso” a sindicatos y patronales, no se les ha contestado a su petición y el acuerdo gubernamental “viola un derecho fundamental” en cuanto al reconocimiento de la negociación colectiva en este asunto.

En el texto, UGT traslada al Defensor del Pueblo que, sin modificar las reducciones fiscales sobre la base imponible del IRPF, el aumento del SMI en 700 euros al año, “muchas personas perceptoras” verían reducida esa ganancia como consecuencia del pago del impuesto “en más de un 40%” y minoraría la progresividad del IRPF. Finalmente, el acuerdo gubernamental ha pasado por una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en 2025.

En la queja, UGT también da cuenta del rechazo a las formas, pues relata que el Ministerio de Hacienda “actúa silenciando por completo la voz del diálogo social”.

UGT concluye que se requiera al Gobierno para que, previa negociación con los interlocutores sociales, promueva las modificaciones normativas necesarias que permitan fijar un SMI cuya fiscalidad en el IRPF “respete los principios de igualdad y progresividad” y no esté sujeto a retenciones ni obligación de tributar por este impuesto.

También pide que esta exención fiscal tenga carácter estructural y permanezca vigente mientras el SMI no alcance, al menos, el 60% del salario medio en España, y que se inste al Gobierno a “garantizar, normativamente incluso, si procede una reforma que dé más seguridad jurídica al deber actual a tal fin, un proceso de diálogo social con los interlocutores sociales” para modificar la regulación del IRPF para las rentas bajas en ese sentido.