Así lo aseguraron hoy el secretario de Política Institucional de CCOO, José María Fidalgo,y el secretario confederal de UGT, José María Zufiaur, que presentaron en rueda de prensa el documento con las "Bases para un acuerdo para el empleo" que llevarán esta tarde a la reunión del pacto social.

La propuesta de los sindicatos se detiene en todos los temas a negociar dentro del pacto social acordados y es, según Apolinar Rodríguez, secretario de Acción Sindical de UGT, que también participó en la conferencia de prensa, "una alternativa para un crecimiento no inflacionista que mantenga los nivles de protección social actuales".

Los responsables sindicales aseguraron que esta propuesta no pretende "desbocar" el déficit público, sino que busca la estabilidad y el equilibrio presupuestario. Explicaron que su objetivo básico es la creación de empleo, que, a su juicio, sólo se puede conseguir reactivando la economía y aumentando la demanda, a la vez que se mantiene la protección social.

En este sentido, las bases para una política de empleo deben ser, en su opinión, un mayor crecimiento ecnómico, la reducción de los tipos de interés, aumentar la inversión, fomentar la construcción de viviendas, mejorar la competitividad, moderar y equilibrar las rentas, fomentar el empleo, controlar los precios y contener el déficit público.

En materia de salarios, los sindicatos proponen que suban como mínimo lo mismo que el IPC y que en ningún caso se supere el crecimiento de la productividad, de manera que una parte de este incremento, que, según UGT y CCOO, puede suponer varios billones de pesetas,se destine a inversión productiva generadora de empleo y no a excedente empresarial.

Esto supondría que si la previsión de inflación se sitúa en el 3,5 por ciento y la de aumento de la productividad en el 2,4 por ciento, la subida salarial oscilaría entre un 3,5 por ciento y menos de un 5,9 por ciento, con una cláusula universal y obligatoria que garantice el poder adquisitivo de todos los salarios.

UGT y CCOO quieren que las rentas de los funcionarios tengan el mismo tratamiento que los demás saarios y que el esfuerzo que se pide a estas rentas sea equivalente al de otras, especialmente los beneficios empresariales. Para alcanzar un pacto de este tipo, las centrales insisten en que la previsión de inflación sea realista, por lo que lucharán por negociarla con el Gobierno.

IMPUESTO EN BIENES DE LUJO

En materia de política de rentas, UGT y CCOO proponen también una mejora del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con cláusula de revisión salarial, y mecanismos que garaticen que todo aumento del excedente empresarial por encima del registrado por los salarios se destinará a inversión productiva.

Igualmente proponen medidas de lucha contra el fraude fiscal, la aplicación de un impuesto sobre los bienes de lujo y un mayor control de la inflación en los servicios. Sobre la urgencia del Gobierno por negociar el pacto de rentas, Rodríguez señaló que su complejidad exige tiempo.

En el apartado de protección social, se oponen a revalorizar las pensiones en función de a inflación prevista y no la pasada, como propone el Gobierno, al considerar que supone un recorte, y reclaman la mejora de las pensiones de viudedad y orfandad.

También rechazan vincular el crecimiento del gasto de la Seguridad Social al del PIB, la contención del gasto sanitario y recortes en la prestación por desempleo. Los sindicatos creen que cualquier cambio en la protección por desempleo debe ir precedido de medidas para sanear el mercado de trabajo que acaben con la degradación y precarizacióndel empleo.

En lo referente al mercado de trabajo, UGT y CCOO piden una reforma integral del Inem que lo convierta en un verdadero servicio público de empleo, la sustitución negociada de las ordenanzas laborales, acabar con el fraude en la contratación y la supresión del contrato temporal de fomento del empleo.

CREAR EMPLEO

Los sindicatos se oponen a la legalización de las empresas de trabajo temporal y rechazan cualquier medida que suponga facilitar o abaratar el despido, al tiempo que defiendn la reducción de jornada a 37 horas semanales, el control de horas extras y favorecer el derecho a la jubilación anticipada a los mayores de 60 años para fomentar la creación de empleo.

Dentro de las medidas de apoyo al sistema productivo, exigen el cumplimiento del compromiso de que la inversión pública se sitúe en el 5 por ciento del PIB, políticas industriales activas y un mayor apoyo a las pymes.

Rodríguez aseguró que estas medidas están orientadas a la creación de empleo en 1994 en una cantdad que no quiso cuantificar, aunque señaló que será modesta.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Agustín Moreno, que también estuvo en la rueda de prensa, dijo que los presupuestos de 1994 serán "un test sobre la voluntad del Gobierno. Si se demuestra que hace más caso a uno que está en un extremo del país que al acuerdo con los sindicatos pondrá en dificultad las perspectivas de esta negociación".