De acuerdo con estas fuentes, la vista oral por dicha causa se prolongará al menos durante unos dos mses, en los que se celebrarán dos sesiones cada semana, y en ella serán juzgados un total de 10 guardias civiles pertenecientes a la desmantelada Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga (UCIFA), para los que el fiscal pide un total de 97 años de cárcel.

Además, también se sentarán en el banquillo otros 8 procesados, la mayoría confidentes de la Ucifa, que deberán hacer frente a otros 75 años de cárcel.

Sin embargo, de acuerdo con las citadas fuentes, el tribunal ha rechazado citar como tstigos durante el juicio a dos miembros de la Fiscalía Antidroga cuya comparecencia había sido solicitada por la defensa de algunos de los acusados.

El testimonio de Roldán fue pedido a la sala por el abogado Juan Carlos Rodríguez, que defiende al guardia civil Antonio López Segura, procesado en el 'caso Ucifa', y tiene la finalidad de que el ex responsable de la Benemérita explique si urdió junto al juez Baltasar Garzón un plan para desmantelar dicha unidad, tal como denunció en mayo del año 1994 ant la 'comisión Roldán' del Congreso el comandante de la Guardia Civil Serafín Gómez.

Gómez afirmó entonces que Roldán y el magistrado de la Audiencia Nacional urdieron una operación de imagen cuyo objetivo era desmantelar la Ucifa sin causa justificada y añadió que el ex responsable de la Guardia Civil prometió al juez la dirección general de la Benemérita si era nombrado ministro del Interior a cambio de forzar la desarticulación de la unidad con pruebas carentes de fundamento.

Estas acusaciones ueron calificadas entonces de "absurdas" por Garzón, que instruyó la causa, mientras que Roldán afirmó poco antes de su fuga que se consideraba víctima de un plan trazado por varios ex miembros de la Ucifa que habían sido encarcelados por el juez.

Además del guardia civil López Segura, para quien el fiscal pide un total de 6 años de cárcel por un delito de falsedad, también se sentarán en el banquillo el próximo mes de enero el teniente coronel Francisco Quintero y el comandante José Ramón Pindado, paa quienes el fiscal pide penas de 9 y 15 años de cárcel, respectivamente, por delitos contra la salud pública y, en el caso de Pindado, también falsedad.

El representante del ministerio público solicita asímismo penas de 15 y 9 años de cárcel, respectivamente, para los guardias civiles "arrepentidos" Vicente Domínguez y Doroteo Gómez Porras, que destaparon las supuestas irregularidades de la unidad, así como otros 9 años de inhabilitación y multas, por los delitos de entrada ilegal en domicilio, falsead en documento oficial, detención ilegal y delito contra la salud pública.

Entre los confidentes procesados figura Ramón del Temple Llopis y José Luis Recuerco del Pino, para los que el fiscal pide 9 años de cárcel para cada uno por sendos delitos contra la salud pública.

En su escrito de calificación, elevado a la Sala de lo Penal el 28 de octubre de 1994, el representante del ministerio público relata, entre otras acciones, una operación realizada en diciembre de 1990 por la Ucifa en la que inervino un total de 93 kilos de cocaína procedentes de Colombia.

Según el fiscal, de esa droga, el guardia Gómez Porras detrajo 5 kilos para premiar a dos colaboradores de la Ucifa y añadió que días después el propio comandante Pindado retiró otros 6 kilos que entregó a dos confidentes quienes la vendieron posteriormente.

El representante del ministerio público también acusa al teniente coronel Quintero de haber premitido que otro confidente se llevara 2 kilos de heroína, que había sido intervenid el 14 de noviembre de 1989 por la Ucifa en una operación en la que desarticuló una organización kurda.

El juicio por el 'caso Ucifa' se ha venido retrasando por la presentación por parte de la defensa de los acusados de diversos incidentes procesales.

El último en resolverse fue el interpuesto por la representación del comandante Pindado ante el Tribunal Supremo, quien sostuvo que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para instruir el caso, lo que fue desestimado por el Alto Tribunal