La UCE considera que con esa medida, se atentaría directamente contra uno de los derechos fundamentales delos consumidores: la protección de sus intereses económicos.

El consumidor sería el perjudicado al tener que soportar un considerable aumento de precio, a todas luces injusto, dado que está basado en la presunción de que todos los consumidores copian obras originales por el simple hecho de comprar los mencionados soportes, dicen los responsables de la unión.

Según un estudio realizado recientemente, sólo el 19 por ciento de los ciudadanos que graban cintas de vídeo en su casa las guarda posteriorente para coleccionar.

Por otro lado, durante el pasado año, de todas las películas emitidas en televisión, un escaso 14 por ciento se refiere a películas españolas, por lo que no deja de resultar paradójico que apliquen el impuesto indiscriminadamente a todas las cintas que se adquieran.

Ese impuesto supondrá la cantidad de 50 pesetas por hora de emisión en lo que se refiere a cintas de vídeo y de 1.100 pesetas por cada aparato de vídeo.

La UCE considera totalmente improcedente "castigar" ala generalidad de los ciudadanos con un canón que resultaría ser el más alto de los que se aplican en los países comunitarios, que además gozan de una economía más saneada, por no hablar del Reino Unido, en donde no ha sido posible su aplicación gracias a la presión de las asociaciones de consumidores.

Por último, la UCE señala que no deja sorprender que en la elaboración de una norma que afecta específicamente a los consumidroes, no se haya consultado a las asociaciones de consumidores, que son los úicos "pagadores" de este impuesto, ya que quedan excluidos del mismo las entidades de radiodifusión, los productores de fonogramas y otros.