Repsol Butano fue multada por abuso de posición de dominio en el mercado, al imponer dos cláusulas abusivas a sus agencias distribuidoras que implicaban una "injustificada restricción de la competencia".

La primera establecía que "la agencia distribuidora se compromete y obliga a vender los aparatos, equipos y/o elementos que le sean entregados por Butano, Sociedad Anónimia, a los precios fijados por ésta".

La segunda especificaba que determinados servicios d asistencia técnica a los usuarios sólo podrían ser realizados por las agencias distribuidoras "previa aprobación por Repsol Butano de las tarifas correspondientes".

En virtud de dicha cláusula, Repsol Butano prohibió a las distribuidoras la venta por cuenta propia de los tubos flexibles que unen las bombonas de butano con el aparato quemador, imponiendo los suyos.

La nueva resolución en la que el tribunal desestima la suspensión cautelar de la sanción económica señala que "a una empresa como Repol Butano Sociedad Anónima, la imposición de una multa de 50.000.000 de pesetas no supondría en modo alguno un daño de imposible reparación".

A juicio de este tribunal, si a una empresa de la dimensión financiera y económica de Repsol "una multa como la indicada le ocasionara perjuicios de imposible reparación, esto significaría que a la larga no se podría imponer ninguna de las multas establecidas en la legislación de Defensa de la Competencia a ningún operador económico".

Para graduar la cuantí de la multa, el tribunal consideró que el mercado de Repsol Butano comprende toda la península y las Baleares y que el número de usuarios excede los 12 millones.

La importancia de la parte del negocio en que se produjo la práctica contraria a la libre competencia se pone de manifiesto en la estimación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que cifró en más de 1.000 millones de pesetas el volumen de las mercancías y servicios objeto de dicha práctica sólo entre 1987 y 1988.