La Cámara vivió hoy momentos de tensión con la intervención de los portavoces del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Burriel, portavoz de IU, anunciaba que su partido va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el intento de privatizar un medio de comunicación público llevado a cabo por el Gobierno.

"Nos tendrá que explicar cómo casa la medida de ustedes con lo dispuesto en el artículo 20.3 de l Constitución Española", subrayó Burriel, que añadió además que "no vamos a regatear esfuerzos para impedir que lo que sean irregularidades jurídicas sean corregidas y acaben impidiendo la puesta en marcha de un proyecto de privatización de la televisión &&autonómica en Aragón".

Tras acusar al presidente de Aragón, Emilio Eiroa, de soslayar el control parlamentario y de practicar una política de rodillo en lugar del consenso, Burriel afirmó que el Gobierno no tiene una línea de actuación política defiida y sí sin embargo una total descoordinación entre los distintos departamentos.

El portavoz de IU destinó buena parte de su intervención a hablar sobre la situación de la agricultura, y dijo que el 80% de las resoluciones aprobadas no han sido consensuadas, ni siquiera analizadas.

Maarco fue el encargado de intervenir en nombre del Partido Socialista. Marco, que al final sugirió que no ha solicitado todavía oficialmente el cese de Biel, afirmó que a pesar de las promesas de diálogo y consenso orecidas por el presidente Eiroa en su discurso de investidura, en los grandes temas ha existido siempre el rodillo -coincidía en esto con IU-.

Acusaba también al Gobierno de dilapidar el dinero público en proyectos como el pabellón de la Expo de Sevilla o el proyecto de las Olimpiadas de Invierno de Jaca 98, pero sobre todo de intentar eludir el control parlamentario.

José Marco repitió uno de los argumentos que el Partido Socialista viene utilizando en los últimos meses, y señaló que el presidene patrimonializa el Gobierno Regional en favor de su partido, el Partido Aragonés.

Respecto a los proyectos estrella del Ejecutivo, el portavoz socialista se detuvo en el polémico convenio suscrito por el Ejecutivo y Antena-3 Televisión, que va a permitir el que a partir de octubre los aragoneses puedan ver programas realizados desde Aragón a través de la empresa audiovisual.

José Marco acusó al presidente de no haber consultado a las Cortes de Aragón para llevar a cabo ese proyecto "de dudosa lealidad".

Después planteó al presidente Eiroa trece preguntas sobre el contrato con Antena-3 Televisión. "¿Ha sido aprobada esta decisión por el Consejo de Gobierno?, ¿Se ha realizado un concurso o información pública para que otras cadenas puedan tener opción?, ¿Se han solicitado a estas Cortes y se ha aprobado por las mismas cambiar de destino los créditos presupuestarios previstos para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y que ahora van a otra empresa ajena a la Comunidad Autónoma?...", yasí hasta trece preguntas contestadaspor Emilio Eiroa en el turno de réplica.

Eiroa consideró legítimas todas las dudas que mostraron los grupos parlamentarios, y dijo que el contrato con la cadena privada de televisión es positivo porque reduce el presupuesto estipulado para el proyecto anterior y que no va a escapar al control parlamentario, porque "esta cámara legislativa tiene el control parlamentario sobre cualquier tipo de acción de este Gobierno y sobre cualquier contrato".

Eiroa lamentóla falta de consenso entre los diferentes grupos e hizo una defensa del consejero José Angel Biel ante las críticas que ha recibido por el supuesto secretismo y oscurantismo con que se han llevado a cabo las negociaciones sobre la televisión autónoma.

El presidente aragonés señaló su creencia de que el convenio con Antena-3 no es una solución permanente, pero que de momento servirá para crear una programación específicamente aragonesa.

Además, Emilio Eiroa mostró su extrañeza por las acusaciones ue culpan al Gobierno Aragonés de que los 17.000 aspirantes a entrar a formar parte de los trabajadores de la televisión estén en el paro, y señaló que si este proyecto no va a disponer de una plantilla de 120 personas, los culpables no son los miembros del Gobierno, sino aquéllos que han impedido el desarrollo del Consejo de Dirección de la TVA, en clara referencia a los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.