El informe, publicado en el último número del boletín de la Secretaría de Estado de Comercio, maneja y recopila datos y previsions realizadas por diversas instituciones y organismos, entre ellos, la Comisión Europea.

El documento señala que la aplicación de la ecotasa contribuiría a cumplir el compromiso comunitario de estabilizar las emisiones de CO2 en la CE en el año 2000 a los niveles de 1990, pero motivaría una reducción media del crecimiento económico comunitario qie se situaría en el 0,6 por ciento anual. Sin embargo, podría tener efectos positivos sobre el empleo y apenas incidiría sobre la balanza de pagos.

A nive macroeconómico la tasa provocaría un aumento del precio de la energía a corto plazo, que haría descender el nivel de uso de energía en las industrias intensivas, y cambios en los precios relativos del petróleo, aunque el impacto sería más negativo sobre el carbón que sobre el petróleo.

En España, la tasa incidiría de forma importante sobre el sector del carbón y los sectores asimiliados, que cuentan ya con unos costes de producción muy altos. Los autores del informe creen que penalizar las actividade de este sector supondría "golpear sobre un área especialmente sensible, al disminuir la ya escasa competitividad del carbón nacional".

El objetivo de la tasa es desviar la demanda de energía hacia fuentes no contaminantes, sin embargo, para los países con una factura energética importante en su balanza de pagos, como España, este efecto supondría un aumento muy sustancial de los costes de producción, en tanto no se desarrolle el potencial eólico y solar de forma rentable.

El documento concluye aegurando que "la redistribución del ingreso fiscal a través del fomento de una mayor eficiencia energética puede mejorar la coyuntura medioambiental a medio plazo, cuando los esfuerzos inversores en tecnologías alternativas hayan dado su fruto. Hasta entonces, un impuesto efectivamente neutral desequilibrará el presupuesto nacional al canalizar parte del ingreso a una nueva partida de gasto, si no se disminuyen otras".

Además, existe el riesgo de que ese encarecimiento de la energía haga que algunas epresas trasladen sus instalaciones a otros países con menor protección medioambiental, en detrimento de la actividad económica de la CE, si bien los más afectados serían los consummidores finales.

NEUTRALIDAD FISCAL

En cualquier caso, la futura tasa debería garantizar la neutralidad fiscal para evitar que repercuta en los precios de los productos derivados, si bien ello supondría un incremento de costes para las industrias comunitarias que podría dañar "seriamente" su competitividad.

Para "amoriguar" esos efectos, la Comisión considera posible otorgar un trato especial a los sectores más afectados, en forma de deducciones progresivas, exenciones condicionales e incentivos fiscales a las inversiones realizadas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono o aumentar la eficiencia energética.

Por su parte, el Parlamento Europeo apoya la implantación de un impuesto que grave igualmente la energía de origen fósil y nuclear, para que esta última no obtenga ventajas competitivas, así como dela aplicación de programas de compensación en las regiones menos favorecidas, con el objetivo de que no se agrave más la cohesión económica.

Asimismo, es partidario de que a los "países de la cohesión" (Grecia, España, Portugal e Irlanda) se les permita un incremento respetuoso con el medio ambiente de sus niveles de emisión de CO2, obligando a los países con mayor consumo energético y mayores niveles de emisión a que realicen un esfuerzo mayor.