El auto, notificado este martes, respalda la investigación de la Guardia Civil sobre los activos de Ábalos, descartando que la UCO se extralimitara en su informe del 17 de marzo.

El juez reconoce el error en la valoración de un terreno en Colombia, pero lo califica de "irrelevante" para la causa. La defensa del exministro alegaba que la pesquisa era "prospectiva" y excedía el alcance de los contratos de mascarillas durante la pandemia.

El magistrado rechazó estas críticas, recordando que la investigación no se limita a los contratos sanitarios, sino que incluye pagos anteriores a la covid, como el abono de un alquiler por parte de un imputado a la entonces pareja de Ábalos. También destacó que fue el propio exministro quien mencionó durante su declaración un terreno en Perú, pese a que su defensa denunció que el juez indagó sobre un bien no documentado en el sumario.

La resolución mantiene las medidas cautelares impuestas a Ábalos —prohibición de salir de España y comparecencias quincenales— y avala la colaboración de Hacienda y entidades bancarias para rastrear movimientos financieros. El auto subraya que no hay "extralimitación" en la actuación policial, sino una investigación "ágil y diligente" sobre posibles enriquecimientos ilícitos.

La fundación Fiadelso, creada por Ábalos en 1992 y actualmente en liquidación judicial, está bajo sospecha por recibir 4,9 millones en subvenciones públicas “sin un control transparente”. El Supremo investiga si sirvió para canalizar fondos o adquirir bienes en el extranjero, como el chalé en Perú cuya titularidad habría recaído en el exministro tras la muerte del presidente de la fundación.

El caso sigue abierto con Ábalos como investigado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación, en paralelo a la trama de contratos irregulares de mascarillas en Transportes. El instructor ha reiterado que las pruebas van más allá de los testimonios de los colaboradores, apuntando a un "patrón" de beneficios económicos.