El Alto Tribunal enjuició en 1983 a estos diputados, que fueron condenados por interrumpir el discurso del Rey con el canto del "Eusko Gudariak", pero el Tribunal Constitucional anuló la vista y ordenó repetirla por entender que urante el procedimiento se habían vulnerado los derechos de algunos de los procesados, entre ellos los de dos diputados que se vieron encausados cuando ni siquiera acudieron al acto.

Diez años más tarde, la Sala Segunda verá por fin esta causa, en la que, además de Idígoras, están implicados Antonio María Ibarguren, Miguel Castells, Ignacio Ruiz de Pinedo, Jokin Gostegui, Jon Idígoras, José María Alix, Mario Onaindía, Jon Amuriza, Javier José Pérez de Heredia, José Domingo Ciruaga, José Luis Cereceda,Guillermo Perea, José Andrés Elósegui, Martín Jáuregui, Juan Bautista Izaguirre y José Ramón Etxebarría.

Los hechos se remontan al 4 de febrero de 1981 durante un acto celebrado en la Casa de Juntas de Guernica al que fueron invitados las autoridades locales y los diputados y senadores del Parlamento autónomo.

Según el fiscal, entre los asistentes figuraban también integrantes de HB y Laia que, "además de proclamar su republicanismo, entendían que Su Majestad no merecía el acatamiento del pueblo asco por no haber jurado especial y expresamente los fueros y privilegios tradicionales del mismo".

Antes del acto, los procesados celebraron una reunión y decidieron manifestar su "repudio" a la presencia del Rey en el acto. Cuando el monarca fue a tomar la palabra, los miembros de estas coaliciones, "con evidente designio de desconsideración" hacia el Rey, se pusieron en pie y, con el puño en alto, entonaron el "Eusko Gudariak".

El fiscal estima que los hechos constituyen un delito de injurias l Jefe del Estado, por lo que pide 8 años de prisión para todos los procesados salvo para Luis Cereceda, para el que solicita 11 años de prisión al haber sido ya condenado por delitos de terrorismo.

En caso de que el tribunal no contemple mala intencionalidad en la conducta de los procesados, el ministerio público considera que al menos deberían ser condenados a tres meses de arresto, cinco en el caso del reincidente.

Las defensas manifiestan por su parte que no existió delito, ya que los parlametarios se limitaron a expresar "su opinión política, en relación con el contenido político del acto, en el ejercicio de su cargo y mandato representativos", al habérseles negado el derecho a la palabra.

Entre los testigos, han sido citados el ex "lehendakari" vasco, Carlos Garaikoetxea, y el entonces presidente del Parlamento vasco, Juan José Pujana.