Esta normativa se recoge en el Título V del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Gobierno el pasado 15 de abril.

A juicio de la asociación, la citada normativa "es inconstitucional e infringe el ordenamiento jurídico", ya que con su aprobación el Ejecutivo "excede" el ámbito de la Ley General de Telecomunicaciones, que no le faculta para establecer el procedimiento legal relativo a la interceptación de las comunicaciones acordadas por las autoridades judiciales, materia reservada a las leyes orgánicas.