El portavoz de Urbanismo de los socialistas valencianos, Eugenio Burriel, se preguntó, en declaraciones a Servimedia, "¿por qué los demás no somos más listos que no compramos suelo en esos sitios donde ocurren esas cosas?".

Un juez de Llíria ha trasladado ya a la fiscalía una querella presentada por dos concejales del PSPV de Riba-roja en la que acusa al alcalde, Francisco Tarazona, y a los ediles José Vicente Tarazona y Cristina Vázquez (ambos familiares de la primera autoridad) de cinco delitos, entre ellos, valerse de información privilegiada en Porchinos.

Burriel explicó que ochos meses antes de conocerse que el Valencia C.F. iba a levantar en Porchinos su Ciudad Deportiva,"una hija, un sobrino y un primo del alcalde compraron suelo (en los alrededores) a precio rústico por unos 7 millones de pesetas la hectárea.

Ocho meses después se procede a una recalificación de suelo en la zona que está rodeada por las mencionadas adquisiciones, para ejecutar la urbanización de Porchinos.

"Sólo por eso", exclamó Burriel, "los terrenos de la hija del alcalde han multiplicado su valor de 15 a 17 veces. Además de esa revalorización, los ocho mil metros cuadrados comprados por la hija del alcalde costaron siendo suelo rústico unos 6 millones de pesetas y cuando se aprueba la urbanización de Porchinos, esos terrenos que están alrededor multiplican su valor entre 80 y 90 millones de pesetas".

El responsable socialista de Urbanismo en la Comunidad Valenciana alertó, además, que sobre los terrenos adquiridos por los familiares del alcalde, aún hoy considerados suelo rústico, "otra empresa ha presentado una solicitud de actuación urbanística para reclasificarlos que todavía no ha sido aprobada. Siempre son lasmismas casualidades", concluyó.