La modificación se presenta de acuerdo con el artículo 196 del Reglamento del Senado y el 72.1 de la Constitución. Estas formaciones coinciden en la necesidad de impulsar las reformas reglamentarias “con el fin de garantizar definitivamente el derecho de los representantes públicos a realizar su labor parlamentaria en todas las lenguas oficiales del Estado”.

El objetivo de la reforma del Reglamento que se propone como texto alternativo al presentado por el Partido Popular, según indican las citadas formaciones en un comunicado conjunto, tiene como objetivo “corregir la grave vulneración de derechos” que supone "la prohibición del uso del catalán, el euskera y el gallego en el Senado”.

Al mismo tiempo, esta modificación trata de conseguir “el normal y pleno desempeño de los representantes públicos en la cámara de representación territorial”, junto con la “promoción de la riqueza derivada de la pluralidad lingüística, así como el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial que elija”.

Entre las modificaciones que recoge la reforma se incluye que “los senadores podrán intervenir en el Pleno, en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria, en los órganos funcionales del Senado, así como en todos sus órganos rectores, y en los actos y actividades de representación oficial en cualquier de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.

En esta misma línea, propone que “cualquier senador tendrá derecho a interpelar al Gobierno en cualquier de las lenguas oficiales, así como a formular preguntas, -mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara-, y a recibir la respuesta correspondiente a las preguntas de contestación escrita dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, en la lengua en que se hayan formulado estas preguntas escritas”.