En los recursos de reposición, que son preceptivos antes de acudir a la vía judicial contencioso administrativa, USO acusa a la Adminitración de haber manipulado el IPC para impedir la aplicación de las cláusulas de revisión salarial de cerca de tres millones de trabajadores, prevista a partir del 5,5 por cien de inflación.

USO pide que "se aclare de forma nítida cómo y en qué condiciones se elabora el IPC", al tiempo que insiste en que el Ministerio de Economía "debe contar con la participación de los sindicatos como garantía de objetividad de los datos que elabora y de los que finalmente se publican".

En opinión de este sindiato, resulta "bochornoso" que desde la Administración, para justificar el 0,1 por ciento del IPC de diciembre, se argumente que quedaron fuera de cómputo los diez últimos días del mes, por las vacaciones de los funcionarios.

Por otra parte, USO consideró "abusivos e injustificables" los sucesivos aumentos del precio de la gasolina, que atribuyó a la "voracidad recaudadora del Gobierno sin límite ni coherencia macroeconómica alguna".

USO confirmó que defenderá incrementos salariales no inferiores l 8 por ciento, por considerar que ese aumento es moderado para "defender -que no aumentar- el poder adquisitivo mínimo de los trabajadores y sus familias".