Los trabajadores acusan a los miembros del citado consejo de administración de un presunto delito de extorsión, castigado con penas de cárcel de uno a cinco años.

Los abogados de los trabajadores consideran que los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica "forzaron a Sintel a prestar un aval" para pagar una deuda que no era de esta empresa, sinode la familia Mas Canosa, que es la propietaria de Mastec Internacional, la compañía a la que Telefónica vendió su filial y que nunca pagó la adquisición.

El pago de ese aval dio lugar a la crisis de Sintel, que acabó con la declaración de quiebra de la compañía el pasado año. En aquella fecha, Sintel debía a Telefónica 19.500 millones de pesetas, con lo que, según el juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid, que instruye la quiebra, la situación económica de la compañía estaba tan degradada qe era incapaz de pagar a sus acreedores.

Según el texto de la querella de los trabajadores, entre los integrantes del Consejo de Administración de Telefónica a 30 de septiembre de 1998, a los que se extiende la querella, se encuentran Juan Villalonga (presidente), Javier Revuelta (vicepresidente ejecutivo), José María Concejo, Isidro Fainé y Francisco Gómez Roldán (vicepresidentes), y 15 vocales.

Entre los miembros del Consejo aparecen César Alierta (actual presidente de Telefónica), Maximino Cario, Pedro Ballvé, Alberto Cortina, José Javier Echenique, Juan Perea Sáenz de Buruaga y Juan Antonio Sagardoy.

Según la querella, los trabajadores de Sintel consideran a Telefónica "responsable civil subsidiaria". El pasado mes de julio, el juez Baltasar Garzón admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra la familia Mas Canosa, como presuntos responsables de la descapitalización de Sintel.

EL ORIGEN

Este caso llegó a la Audiencia Nacional mediante la querella ue la Fiscalía Anticorrupción interpuso en su día contra la familia Mas Canosa, antigua propietaria de Sintel, por un presunto delito de insolvencia punible.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción nació de la denuncia que los propios trabajadores de la firma presentaron ante el departamento de Carlos Jiménez Villarejo pocos días después de instalar, el 29 de enero del año pasado, un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid para protestar por su situación laboral.