El Sindicato Unificado de Policía (SUP) culpa en una carta enviada al presidente del Gobierno de la desmoralización de las fuerzas de seguridad al "clientelismo" y a la "corrupción" que se han dado e los últimos años en el Ministerio del Interior.

En la carta, que lleva la firma del secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, se asegura que mientras la actual situación de la Policía "se iba generando", existían "miles de millones de fondos reservados que se gastaban en comidas, joyas, regalos, etc., llevando la corrupción hasta extremos insospechados en este ministerio".

A esta situación hay que añadir, según el SUP, el "clientelismo" que ha imperado en los últimos años en la gesión de Interior, en donde "salvo en los cinco meses en que dirigió este ministerio Antonio Asunción, siempre ha primado en el nombramiento de responsables el clientelismo amistoso, con independencia de la cualificación profesional".

Este "clientelismo" se habría incrementado en el último año, "cuando lo de nombrar al amigo se produce con tal arbitrariedad que resulta escandaloso, máxime cuando quien los nombra es un policía no cualificado ni siquiera para ejercer su función como comisario".

El SU critica la labor realizada por el ministro Juan Alberto Belloch, del que dice que es manifiesta su "inexistencia", ya que "es ministro de Justicia, pero de Interior sólo nominalmente".

Sobre las palabras del presidente del Gobierno, que aseguró que la policía estaba desmoralizada por el debate político sobre los GAL, el SUP afirma que la mala situación del cuerpo de policía existe "desde hace mucho tiempo y por muchas cosas, entre las que ni siquiera figura el que políticamente se esté discutiendo sore el GAL".

Como causas de esta mala situación, denuncia que existe una gran falta de medios y que los agentes trabajan "en penosas comisarías en ruina, que se hunden, sucias, utilizando los servicios como vestuarios y con calabozos que son un atentado a los derechos humanos más elementales, donde se rebaja la dignidad del ser humano detenido y del policía que lo custodia".

"Estamos desmoralizados", sigue la carta, "porque, por ejemplo, recientemente en una ciudad una unidad antiterrorista de nuea creación solicitó faros de seguimiento nocturno, micrófonos, grabadoras, sillas, mesas y ordenadores para trabajar y les dieron 100 folios en blanco, 1 bolígrafo para 7 funcionarios y una caja de clips". El SUP se queja asimismo del "sueldo tan miserable" que cobra un policía, 60.000 pesetas menos que un Mosso D'Esquadra.

"CHANCHULLEO POLITICO"

Por su parte, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) considera que a la "denigrante" situación socioeconómica y profesional de los agentes proocada por los trece años de gestión socialista, se suma "el chanchulleo político en esa especie de mercado de competencias con las policías autónomas que desarrollan su labor en Cataluña y País Vasco, dotándoles de medios materiales modernos y sueldos superiores en 60.000 pesetas/mes con el dinero de los impuestos de todos los españoles".

ANPU cree que "no es de extrañar esa total desmotivación y desmoralización", algo que esta organización viene denunciando desde 1986, denuncias "que siempre se estrelaron en ese muro infranqueable que el Ejecutivo ha mantenido en el Ministerio del Interior".

Otra denuncia realizada por ANPU es la indefinición de competencias en materia de Policía Judicial y responsabiliza de ello a Felipe González, que "ha sido incapaz en más de diez años de definir claramente la competencia funcional de la Policía Judicial en su dependencia de los jueces o de los fiscales".

En cuanto a la coordinación policial, afirma que la situación es "gravísima", "con casos difíciles deentender de actuaciones del Gobierno vasco a través de su Consejería de Interior, al no permitir la coordinación policial de la 'Ertzaintza' con la policía del Estado".

ANPU afirma no entender la "dejación política" y la división que existe en materia policial, en especial en la lucha contra el terrorismo, generando una gravísima situación "de la que es totalmente responsable el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior".