"Hoy sale a la luz la estafa de Alquiler Seguro, es una estafa de la que ya éramos conscientes las miles de personas que vivimos bajo su régimen de expolio", aseguró Racu en declaraciones a los medios de comunicación, en las que lamentó que la empresa inmobiliaria utilice de manera constante cuñas publicitarias para "criminalizar a los inquilinos y meter miedo con la okupación".

La portavoz del sindicato, que definió a las inmobiliarias como "un pilar fundamental de la especulación en este país", aseguró que Alquiler Seguro es "la peor de todas" y prometió que una a una van a ir cayendo. "Redpiso, Tecnocasa, Agencia Negociadora del Alquiler... que empiecen a temblar y que tengan claro que también se acabó su impunidad", afirmo Racu, quien indicó que desde el Sindicato quieren cerrar "todas las inmobiliarias".

Asimismo, negó que el pago de estas fianzas forme parte de ningún acuerdo voluntario y aseguró que las inmobiliarias obligan a los inquilinos a firmar en ocasiones cláusulas abusivas, por lo que recomendó que se acepten pero después se denuncien.

"No nos podemos dar el lujo de renunciar, hay que aceptar y luego ya recuperaremos esto, denunciar a través de la organización inquilina", destacó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien subrayó que la Ley de Vivienda incluye que lo servicios que se ofrezcan al propietario tienen que correr a cargo del propietario y emplazó a las inquilinas a acudir a la manifestación convocada el próximo 5 de abril.

OCU Y FACUA CELEBRAN LA DECISIÓN

Esta investigación de Consumo se inició por las denuncias planteadas por el Sindicato de Inquilinas y las organizaciones de consumidores OCU y Facua. Por parte de la OCU se solicitó al Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy que se sancione “con celeridad y de forma ejemplar” a la agencia investigada, “acorde con los beneficios ilícitos obtenidos”.

“Si las irregularidades fueran consideradas muy graves, la normativa contempla que el importe de la sanción pueda alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Y es que este tipo de prácticas abusivas contribuyen a aumentar las actuales dificultades de acceso a la vivienda en alquiler”, resolvió.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción recordó que ya denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por “obligar” a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que, según la asociación, “justificaban en la prestación de un servicio de atención al arrendatario”.

La empresa contactó con la asociación para “asegurar” que, tras su denuncia, “ha dejado de imponer la contratación del servicio” y que, una vez visitado el inmueble, “facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda”.

“Sin embargo, la Dirección General de Consumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que le han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa”, abundó Facua, que también denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica “no ha aclarado si llevó a cabo actuaciones al respecto”.