Según fuentes de la Presidencia del Senado, la Mesa del Congreso "no tiene atribuidos ni en la legislación ni en la jurisprudencia, poderes o competencias implícitos o inherentes, considerados muy restrictivamente en el Derecho español, que es justamente lo que pretende el escrito y la propuesta de acuerdo" aprobado esta mañana.

Rechazan así la tesis de que el artículo 31.7 del Reglamento del Congreso confiera a la Mesa la posibilidad de contestar a su requerimiento para suspender la tramitación de la amnistía, puesto que el órgano al que le corresponde tomar esta decisión es al Pleno de la Cámara Baja.

En este sentido, recuerdan que el acuerdo del Pleno del Senado es requerir al Congreso que retire la proposición de ley o, "subsidiariamente", que anule su calificación y admisión a trámite "y todo lo actuado desde ese momento", lo que "no le corresponde a su Mesa, sino al Pleno de la Cámara", según se recoge en el artículo 129 del Reglamento del Congreso.

"Por tanto, la Mesa del Congreso de los Diputados no es competente para contestar el requerimiento, usurpando a todos los diputados una competencia que solo les correspondería ejercer a ellos reunidos en sesión plenaria, por ser quienes finalmente en la mencionada sesión plenaria decidieron aprobar el Dictamen de la Comisión de Justicia", apostillaron las mismas fuentes.

"Luego, de existir una respuesta al requerimiento, esta no puede provenir de la Mesa de la Cámara, que no posee funciones representativas a este respecto", añadieron desde la Presidencia del Senado.

Por último, desde la Cámara Alta subrayaron que en la Mesa del Congreso "ni siquiera están representados todos los grupos parlamentarios, por lo que cualquier decisión de la Mesa que impida la legítima manifestación de cada uno de los diputados en el ejercicio de sus funciones representativas sería lesiva del derecho fundamental de representación".