Ambas medidas están ya previstas en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra a la Violencia, y deben ponerse en marcha “con urgencia”, indicó. “Además de la puesta en marcha de procesos internos y de las investigaciones de las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad para depurar responsabilidades, el acompañamiento individualizado a las víctimas resulta imprescindible” en estos casos, señaló la ONG.

“Que salgan a la luz y se investiguen es una parte fundamental para acabar de una vez por todas con esta grave vulneración de derechos que sufren los menores tutelados”, agregó.

Con todo, destacó que “la clave en la erradicación de cualquier tipo de violencia está en la prevención”, y ello pasa por la detección precoz y por la necesaria formación de los trabajadores.

En este sentido, recordó que la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia recoge en su artículo 53 que “todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros” y que ello se logrará a través del establecimiento e implementación de protocolos para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia.

Del mismo modo, el artículo 54 se refiere “explícitamente a la necesidad de que estos protocolos incluyan “actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad”, resaltó.