Estas personas están acusadas de los delitos de falsedad, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otras imputaciones que también se extienden al ex presidente de Ibercorp, Manuel de la Concha, y al ex directivo del bancoJaime Soto, así como a otras personas relacionadas con este caso.

En el auto, la jueza indica que "de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos perseguidos pueden ser constitutivos de un delito", por lo que acuerda "continuar la tramitación de las presentes diligencias previas".

Para ello, da traslado de las actuaciones al fiscal y a las acusaciones particulares y acciones populares para que en el plazo de dos meses formulen su escrito de acusación, solicitando la apertura de juiciooral, o, en caso contrario, el sobreseimiento de la misma.

Asimismo, en ese periodo podrán pedir, excepcionalmente y con carácter previo, la práctica de las diligencias complementarias que estimen indispensables para formular la acusación.

Según el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que ejerce la acción popular y también representa la acusación particular efectuada por unos 260 afectados por la quiebra de Ibercorp, esta decisión de la jueza equivale en el procedimiento ordinario a un auto de procsamiento, ya que considera que hay indicios de delitos.

Agregó que después de que el fiscal y las acusaciones emitan sus informes, la magistrada dará traslado de la causa a las defensas para que, a su vez, califiquen.

Tras ese paso, podría dictar el auto de apertura de juicio oral, remitiéndolo a la sección número 16 de la Audiencia Provincial, que será la que fije la fecha de la vista, la cual, según el abogado, se celebrará casi con toda probabilidad antes de que finalice el año.

Las querelas que dieron origen a este procedimiento fueron presentadas en los primeros meses del mes de marzo de 1992, después de que aparecieran diversas informaciones en este sentido. Aunque en un principio se elevaban a 5, en la actualidad sólo continúan sus trámites tres querellas por los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad, estafa, cohecho y apropiación indebida, entre otros.

Además de Rubio, Posadas, Boyer, Preysler, De la Concha y Soto, la querella también incluye a la hrmana del ex gobernador del Banco de España, Teresa Rubio; a José Manuel Quesada, director administrativo de Ibercorp; Ignacio Ramón Velasco, Joaquín Amo Alvarez, Rafael Vázquez Padura, André Laurent Athalin, Carlos Jaime Pittaluga, Juan Antonio García Díez, Benito Tamayo y Carlos Sebastián Gascón.

De acuerdo con la querella de Rodríguez Menéndez, durante 1990 se produjo una masiva venta de acciones de Sistemas Financieros, que fueron adquiridas por la misma sociedad por mediación de Ibercorp.

Esa operación de autocartera suscitó el "recelo" a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que requirió a Ibercorp el nombre de todas las personas que habían vendido acciones. Sin embargo, el banco, "con un claro ánimo tendente a ocultar la verdadera identidad de determinados vendedores", facilitó una lista en la que figuraban los segundos apellidos de los querellados.