Traducido a medidas prácticas, esta propuesta supone, por ejemplo, la retirada de crucifijos de espacios públicos o la modificación del ritual que ahora está establecido para los funerales de Estado.

Los socialistas justifican que el "mandato constitucional de aconfesionalidad exige" estas modificaciones con el objetivo de "profundizar en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas".

El texto explicita el compromiso de abordar en la presente legislatura la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con el objetivo de dar "nuevos pasos en la regulación del derecho de libertad religiosa y de todo lo que la acompaña".

"La diversidad cultural de la actual sociedad española ha incrementado el pluralismo de opciones ante lo religioso" y por tanto es necesaria una ley que contemple esa realidad plural y regule "sin discriminaciones los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades de conciencia, de asociación, de expresión, etc".

Además, resulta "indispensable" que la legislación establezca "nuevos criterios paa la colaboración de las confesiones religiosas en las administraciones públicas, procurando un trato igualitario para todas, sin privilegios confesionales".

En este nuevo escenario, "la Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el Partido Socialista, debe ser consciente de que el inciso final del Art. 16.3 de la Constitución española no otorga prevalencia de derechos y no es razón para privilegios ni puede significar limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado".

Este planteamiento rebaja las pretensiones contenidas en algunas enmiendas presentadas por la militancia socialista, en las que se proponía la denuncia y renegociación de los acuerdos con la Santa Sede, pero reconoce la necesidad de avanzar hacia la laicidad de manera progresiva.

Los socialistas entienden que este tránsito hacia la laicidad sólo se consolidará "con el paso de las generaciones", para lo cual aboga por "educar en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales" y explícitamente contenidos en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El desafío para los próximos años erá "crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas".

En ese sentido la enmienda insiste en la necesaria "desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las instituciones públicas, como es el caso de los funerales de Estado o los símbolos religiosos en los espacios públicos".