Esta propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue remitida por el Parlamento catalán en abril de 2004, después de ser allí respaldada por los integrantes del actual tripartito, es decir, Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC-V), y también de CiU.

De hecho, los encargados de defender la iniciativa ante el pleno del Congreso de los Diputados fueron Eugenia Cuenca i Valero (CiU), Lidia Santos (PSC) y Joan Ridao (ERC).

Eugenia Cuenca y Lidia Santos reiteraron la vigencia de la Constitución y señalaron esta iniciativa, en palabras de Santos, como "un acto de confianza y de profunda valoración de la Constitución" y los mecanismos establecidos en ella, no entendidos como límite, sino como garantía.

La diputada socialista catalana pidió el voto favorable a la propuesta y alertó de que no debe quedar "en saco roto" si realmente se quiere mejorar el funcionamiento del Estado autonómico.

La iniciativa fue respaldada por el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ironizó sobre los "marrones" que deben afrontar los socialistas catalanes cuando sus peticiones llegan a Madrid y son valoradas por el PSOE.

Más duro se mostró el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Joan Tarda, al alertar a los socialistas de que el rechazo a esta propuesta es "un desencuentro" que no puede ser "minusvalorado". "No creo que sea el mejor momento para desoir al Parlamento de Cataluña. Empezamos mal, deseo que no terminemos peor", dijo Tarda, que se preguntó si el PSOE tiene voluntad real de descentralizar el Estado, a la vista de que la reforma del TC propuesta por el Gobierno nada dice de los mecanismos para solucionar lo que consideran una carencia de las comunidades autónomas.

También el portavoz de CiU, Jordi Jané, aludió a ese proyecto del Gobierno, que está en tramitación en el Parlamento. En su opinión, es una oportunidad para tomar en consideración la propuesta catalana y trasladarla en forma de enmiendas al proyecto del Ejecutivo.

El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, se amparó en el respaldo del PSC a esta iniciativa para denunciar que la mayoría parlamentaria pretende llegar a un escenario de blindaje de competencias autonómicas "a toda costa".

Si esto es "la limpieza de la patena" prometida por el presidente del Gobierno, sentenció, "pobre Tribunal Constitucional, pobre Estado de las Autonomías, y pobre Constitución".

El PSOE puso a uno de sus diputados catalanes en el Congreso, Jordi Pedret, a argumentar los motivos en contra de su grupo. Aseguró que el problema es administrativo y político, no constitucional, y como tal se resolverá.

Responsabilizó al PP de parón en el desarrollo del Estado autonómico y garantizó que, con el actual Gobierno central, este tipo de proposciones "no son necesarias". LA PROPUESTA

En concreto, la iniciativa proponía modificar los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y añadir al capítulo segundo del título cuarto una sección tercera: "De los conflictos en defensa del ejercicio de las competencias autonómicas".

Con todo ello se permitiría a las comunidades autónomas plantear "conflictos negativos de competencias" ante el Tribunal Constitucional, algo que ahora está reservado al Gobierno central.

Las comunidades podrían así plantear conflicto "en defensa de su autonomía" ante el Tribunal Constitucional "cuando el Gobierno impida u obstaculice con su inactividad o por omisión de sus obligaciones constitucionales el ejercicio por parte de la comunidad autónoma de las competencias que le confieren su propio Estatuto o las leyes orgánicas de transferencia o delegación".

La interposición del conflicto procedería "cuando, habiéndose formulado el requerimiento previo al órgano ejecutivo superior de la comunidad autónoma o al Gobierno para que ejercite las atribuciones propias de sus competencias, aquél o éste lo desatiendan de forma expresa o por silencio dentro del plazo fijado en el requerimiento, que en ningún caso será inferior a un mes".

En la exposición de motivos, el Parlamento catalán argumentaba que, veinte años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Estado "sigue prestando servicios que corresponden a competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña, por falta del acuerdo correspondiente de traspaso de medios y servicios".

Esa falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Estado-Generalitat responde a diferentes motivos. En unos casos, explicaba el texto, "el Estado niega la transferencia de un servicio porque entiende que es titular de la competencia en la que se inserta el servicio o función en cuestión, o porque existe desacuerdo respecto al alcance de las competencias respectivas".

"Pero, en otros casos", añadía, "no existe esta discrepancia de fondo y, mientras la Comisión Mixta no adopta el preceptivo acuerdo de transferencia, el Estado justifica que sigue ejerciendo la competencia por el principio de la necesaria continuidad en la prestación del servicio".