Esta fue la principal conclusión que se extrajo de una mesa de trabajo del PP sobre la agricultura y las infraestructuras hidráulicas, que se desarrolló en el marco de la XXVII Unión Interparlamentaria, que se celebra este fin de semana en Sevilla. La “revisión” del Pacto Verde Europeo coincide con el preacuerdo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con Vox para aprobar presupuestos.

“Somos un partido eminentemente rural y los mayores defensores del sector primario español”, coincidieron en afirmar los participantes de la mesa coordinada por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y moderada por el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en la que intervinieron los parlamentarios Pedro Gallardo, Lorena Guerra, Carmen Crespo, José Alberto Pazos, Antonio Martín, Cristina Maiso, José Ángel Sánchez e Irene Royo.

Los participantes en el encuentro acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de promover una “asfixia impositiva” y un “abandono permanente” del sector primario español, “lo que está poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones agrarias y del sector pesquero”. Frente a esta postura, ensalzaron su Ley de Fiscalidad Agraria, presentada recientemente en el Senado, porque “alivia la presión fiscal a los profesionales del campo, refuerza la competitividad del sector y fomenta el relevo generacional”.

Por otro lado, los integrantes de la mesa defendieron que el refuerzo de la competitividad y la sostenibilidad en el sector agrario pasa por la modernización de las explotaciones, la reducción de la burocracia y la adopción de medidas de apoyo dirigidas a consolidar la fortaleza del sector primario y cubrir la demanda alimentaria nacional.

Además, se comprometieron a crear un frente común en sus parlamentos para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones para el regadío y el cumplimiento de los planes hidrológicos para garantizar el agua en la agricultura

Por último, ante la actual situación internacional, el PP reclamó una autonomía energética para España y para Europa, y más protección estratégica para el sector primario con ambiciosas medidas de acompañamiento en la gestión hidráulica.