Los agentes han intervenido 50 tarjetas de crédito y han detenido a 10 personas, entre las que figuran Carlos Y.L., de 28 años, y su esposa, Amparo C.A., de 40, considerados los organizadores de la banda delictiva.

Los otros ocho arrestados son propietarios de distintos establecimientos comerciales de la capital. Se trata de Basilio C.N., de 35 años; María Luisa C.N., de 30; Oswaldo F.B., de 33; Azunerilde L.B., de 30; Manuel Enrique M.L., de 31; MaríaLuisa S.R., de 31; Juan Francisco H., de 52, y Francisco D.S., de 48.

El Grupo de Delincuencia Internacional tuvo la primera noticia del fraude el pasado mes de diciembre, cuando personas que habían estado alojadas en un hotel de lujo de Venezuela comprobaron que de sus cuentas bancarias se había extraído dinero con tarjetas, pese a que sus tarjetas de crédito no habían sido sustraídas. Al parecer, la numeración había sido copiada y la tarjeta duplicada.

Durante la investigación, los funcionariosdescubrieron que se estaban duplicando tarjetas legales e incluso otras aún no autorizadas por las empresas que controlaban los medios de pago. La información sobre los números de los documentos, en esos supuestos, podría tener su origen en Italia y Estados Unidos.

COMERCIANTES COMPLICES

Todo parecía indicar que los falsificadores contaban con la complicidad de establecimientos que disponían de un terminal punto de venta (datáfono), ya que se trataba de plásticos en blanco que a simple vista indicabn su ilegalidad.

Tras indentificar a las personas implicadas, durante los últimos días han sido detenidas todas ellas. En los registros realizados los agentes han decomisado 50 tarjetas, en las que aparece modificado el número, pero no el titular ni la fecha de caducidad.

Sin contar las 50 tarjetas recuperadas, la red delictiva ha utilizado otras 124, con un total de 440 operaciones fraudulentas iniciadas, de las que sólo se consumaron 91 gracias a las medidas de seguridad que adoptan las entidads emisoras. La cantidad cobrada se aproxima a los 19 millones de pesetas, aunque intentaron estafar más de 112 millones.

En ninguno de los casos se efectuaron por los establecimientos implicados ventas reales, sino que se limitaban a la operación de cobro. Si ésta era autorizada, el importe quedaba automáticamente ingresado en la cuenta del titular del datáfono. La no autorización podría deberse a dos motivos: inexactitud del número copiado o superación del límite de crédito. En estos supuestos, los etafadores volvían a intentarlo alternando uno u otro dato.

Según la policía, la colaboración de la Sociedad Española de Medios de pago con el Grupo de Delincuencia Internacional ha resultado decisiva para poner fin a estos delitos. Los investigadores identificaron hace días al matrimonio que centralizaba las tarjetas y facturaba en los datáfonos de las empresas colaboradoras: el colombiano Carlos Y. y la española Amparo C.

También descubrieron los establecimientos que colaboraban con ellos: confeciones FA-2, en la calle General Pardiñas 74; Talleres Basilio e Hijos, en la calle Sandalio López 32, que era uno de los principales implicados en la trama; una pollería de la avenida de Moscú número 68 de Coslada; Modas Jacqueline, en la calle Cánovas del Castillo de Alcalá de Henares; Confecciones Humus, situada en el número 11 de la carretera Real de Arganda, y establecimientos Varios (Stop), de la calle Canillas 103. En su mayor parte se trata de negocios con problemas económicos.