Según los testimonios que ha recogido en sus investigaciones, la decisión última recae en el funcionario de guardia que, sin la más mínima garantía jurídica para el viajero, estima si éste es un turista o pretende residir y trabajar ilegalmente.

Gil-Robles recuerda la doctrina del Tribunal Constituional al respecto, según la cual la inevitable discrecionalidad de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no debe conllevar una situación de arbitrariedad", siendo obligatorio, en teoría, investigar si esa persona posee familiares en España, viaja con un trabajo concertado o es simplemente un turista.

La realidad demuestra que, por ejemplo, en un lugar de recepción tan importante como el aeropuerto de Madrid-Barajas, "se ha podido comprobar" que sustituyen esa investigación por un formulario en el que "vgamente" constan los datos del viajero, no su firma, y las apreciaciones del policía de guardia con su firma.

"Parece pues, conveniente", prosigue el texto, "que, por la trascendencia de la medida de devolución, exista una mínima base documental que cuente al menos con la declaración firmada de la persona afectada, al objeto de que dicha actividad pueda ser sometida a un control de legalidad (...)".

Ejemplo de esta situación es la investigación 9104276 abierta por la Oficina del Defensor del Puebo a raíz de la queja de un ciudadano peruano que llegó a Barajas provisto de pasaporte, billete de vuelta y 122.000 pesetas en el bolsillo.

EL VALOR DE UN HOTEL

El policía de turno le preguntó en qué hotel se iba a alojar y al no poder responderle, le denegó el visado porque ello era "un indicio sobre su verdadera pretensión de asentarse en España para trabajar, tal y como reflejo en su informe".

Sólo después de su queja a Gil-Robles, y previa intermediación de éste, el peruano pudo entrar en nestro país.

El expediente 9123428 hace referencia a otro peruano,que intentó entrar en España, y en Barajas le denegaron la entrada porque el dinero que portaba le había sido previamente enviado desde España.