La ley afectará a todas las actuaciones urbanísticas, edificaciones, transportes y comunicaciones que se realicen en Cataluña, tanto de carácter público como privado, así como las que efectúen personas individuales.

La elaboración del plan de supresión se realizará en dos años, mientras que cada cinco habrá una revisión y actualización de las obras.

El texto, consensuado previamente por los grupos políticos, se ha redactado con la colaboración de más de 40 asociaciones de minusválidos, que han portado un centenar de enmiendas. Esta es la primera ley sobre supresión de barreras arquitectónicas que se aprueba en España.

Uno de los artículos del texto legislativo hace referencia a los planes generales de ordenación urbana, que no podrán ser aprobados "si no se observan las determinaciones y los criterios básicos establecidos".

Por otro lado, tanto los parques como los espacios públicos ya existentes deberán ser adaptados de forma gradual. Con este fin, los presupuestos de las administracines destinarán partidas específicas en cada ejercicio económico.

Los edificios públicos y privados destinados a uso público deberán estar adaptados si son de nueva construcción o si se realizan ampliaciones o reformas.

Otro de los puntos de la ley también prevé que las casas con una altura superior a una planta baja y un piso, no unifamiliares y sin ascensor, deberán contar con un espacio para que pueda colocarse éste en caso de que sea necesario.

Las viviendas públicas podrán tener miniresiencias o pisos compartidos para personas disminuidas. Las asociaciones de minusválidos tendrán acceso a la reserva de casas si no hay demanda individual para el cupo reservado, un 3 por ciento.

TELEVISION PARA SORDOS

Otro de sus artículos dispone que las televisiones públicas deberán elaborar un plan de medidas que, gradualmente, permitan el derecho a la información de las personas sordas a través del lenguaje mímico y subtítulos.

La ley recoge que el Consejo Ejecutivo de la Generalitat deberá rear un fondo para subvencionar la supresión de las barreras. En Cataluña existen actualmente unas 370.000 personas con problemas de minusvalía física.

La sesión parlamentaria de hoy fue seguida, por primera vez, por un grupo de minusválidos desde la tribuna, después de que se retiraran dos filas de sillas para que pudieran acceder a ella. Además, el debate sobre supresión de barreras arquitectónicas contó con traducción mímica para los sordos.

La nueva ley prevé multas de hasta 50 millones de peetas, que podrán ser impuestas por los alcaldes o por los consejeros correspondientes. Los ingresos conseguidos por este concepto se destinarán a la supresión de barreras.

La Generalitat ya había dictado un decreto sobre esta cuestión en 1984, que incluía la necesidad de suprimir las barreras que impidan el desplazamiento de personas minusválidas, aunque no contemplaba la sanción directa en caso de transgresión.