Según informaron a Servimedia fuentes del Obispado, el objetivo de la investigación es comprobar si el apoderado de las religiosas, Gonzalo Ibáñez, que se oponía a que abandonaran el convento, traspasó fondos de las cuentas bancrias de las monjas a la Asociación Monástica Española, que el propio Ibáñez preside, y dilucidar si estos movimientos bancarios se ajustan a la legalidad vigente.

La clausura del convento provocó el enfrentamiento entre el obispo de la diócesis, José Sánchez, y las últimas religiosas que abandonaron el monasterio, pertenecientes a la comunidad de Clarisas Franciscanas, ya que se negaban a dejar el monasterio.

Algunas de las monjas llegaron a acusar al obispo de decidir unilateralmente la clausuradel convento, opción que, por el contrario, corresponde adoptar a la Santa Sede.

Finalmente, las cinco monjas que permanecían en el convento abandonaron el Monasterio de Espinosa y se integraron en otras comunidades de religiosas.