El estudio pone de manifiesto que, en el periodo 1987-1997, la inversión pública total fue de un pomedio anual de 62.330 pesetas por habitante para el conjunto de España (en pesetas constantes de 1997), pero con grandes diferencias regionales.

Las comunidades que recibieron menos dinero por habitante fueron Murcia (45.164 pesetas), Madrid (45.720) y Cataluña (49.491), mientras que en el extremo opuesto figuran Extremadura (100.972), Navarra (99.495), Castilla La Mancha (82.368) y Aragón (80.634).

Por encima de la media figuran también País Vasco (78.605), La Rioja (78.252), Canarias (76.413),Cantabria (72.107), Asturias (68.836), Castilla y León (67.215) y Andalucía (64.961), mientras que por debajo del promedio están también Galicia (59.529), Baleares (56.606) y Comunidad Valenciana (52.629).

El estudio señala que Extremadura recibe "una inversión pública per cápita superior en un 62% a la media española, seguida de Navarra y Castilla La Mancha, con unos diferenciales a su favor del 59,6% y 32,1%, respectivamente. Las peores ratios, por contra, se manifiestan en Murcia, Madrid y Cataluña donde la inversión pública de las tres administracioens (central autonómica y local) no alcanza el 80% del nivel español".

MENOS INVERSION PUBLICA CON EL EURO

Por otra parte, el estudio pone igualmente de manifiesto que la importancia de la inversión pública, medida como porcentaje del PIB, disminuyó sustancialmente con llegada del PP al poder, coincidiendo con las políticas de austeridad aplicadas para ajustar las cuentas públicas a fin de entrar en el euro.

En concreto, la inversión pública uponía en 1990 el 5% del PIB de España y se redujo hasta el 2,9% tanto en 1997 como en 1998. En el conjunto de los paises de la UE, la reducción fue menos acusada, del 2,9% al 2,1%.

El estudio advierte de que, "mientras que en Portugal, Grecia o Irlanda, paises que junto con España se encuentran la cola de la clasificación por renta per cápita (hay que señalar que Irlanda ha abandona esta posición recientemente), la inversión pública se ha mantenido e incluso se ha acrecentado respecto al PIB en la déada de los 90, en España el gasto público en infraestructuras ha descendido notablemente en términos relativos".

Apunta, igualmente que la inversión pública en España se ha distribuido con cierta uniformidad entre las distintas administraciones, si bien "en el descensos de la inversión pública de los últimos años la mayor caída relativa ha correspondido a la administración central".