Dicho informe, hecho público hoy, revela que la mitad de las empresas ignoran qué factura deberán pagar por implantar los modelos de gestión y cumplimiento normativo.

El estudio se ha centrado en normativas como Sarbanes Oxley, Basilea II o MiFID, que obligan a invertir muchos recursos para adaptar los procedimientos de las entidades a los modelos de gestión del riesgo y cumplimiento normativo.

Según el estudio "The Risk Convergence: The Future State of Governance, Risk, and Control", estos procesos son fragmentados e ineficientes y carecen de la flexibilidad necesaria para apoyar el cambio y la complejidad de la nueva regulación.

"La situación hace que el 54% de las entidades participantes en el estudio declaren no poder estimar el coste total de este tipo de políticas", recoge el informe.

Además, añade, entre los que responden afirmativamente, muchos muestran sus salvedades. "Por ejemplo, que existen costes indirectos que hacen difícil cuantificarlos o son procesos que están completamente separados unos de otros", explica.

Lo que sí refleja el estudio es que más de un 60% de los encuestados está convencido de que un proceso de convergencia supondría un incremento en la eficiencia de la gestión de riesgos y un 30% cree que facilitaría la adaptación a los nuevos cambios regulatorios.

Asimismo, un 48% de las entidades opina que el coste para mantener los sistemas de gestión del riesgo seguirá aumentando debido fundamentalmente a los procesos de expansión, cambios regulatorios, adaptación a Basilea II y la necesidad de contratar y retener a los profesionales con talento.

Entre los retos inmediatos que las empresas asumen se encuentran mejorar la eficiencia -así lo declaran cinco de cada diez entidades-. Le sigue la adaptación a la legislación medioambiental, aspecto señalado por el 30% de los encuestados.