Marlaska hizo esta consideración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó la Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas. Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado sobre que el diario ‘El Confidencial’ esté publicando en los últimos días que María Leire Díez Castro, a la que este medio se refiere como 'fontanera' del PSOE y Moncloa, supuestamente haya hecho gestiones para desactivar las pesquisas de la UCO contra casos de corrupción que afectan al PSOE. Estas supuestas gestiones se estarían realizando debido a los informes que estos agentes indagan sobre el ‘caso Koldo’ o el ‘caso Begoña’, mientras que preparan otro dictamen sobre el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

En concreto, según este diario, Díez Castro se reunió por videoconferencia en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional, para ofrecerle beneficios judiciales a cambio de información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

Durante la reunión, a la que asistieron también el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, Díez prometió conseguir un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Para ello, Hamlyn debía proporcionar material contra Balas, quien lidera las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado y los casos ‘Ábalos’ y ‘Koldo’.

“MÁXIMA CONSIDERACIÓN”

A este respecto, Marlaska defendió la “neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones y en su puesta a disposición del conjunto de informes ante quien deben rendir, que es a la autoridad judicial en el marco de la investigación”.

Al mismo tiempo, indicó que el que se hable de “informaciones” procedentes de informes de la UCO no puede llevar a imputar a esta unidad y sus agentes “el no cumplimiento de sus deberes”. Asimismo, se refirió a que no conocía “ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración”, en referencia al supuesto informe sobre Cerdán que debería entregarse próximamente al juez.

Añadió que le consta el “apoyo” de los miembros del Gobierno a la UCO y que el mismo tiene la “máxima consideración de esta unidad”, porque conoce su “profesionalidad” y porque sus actuaciones son bajo supervisión judicial. En cuanto a la posición al respecto de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que el PSOE emitió este lunes un comunicado desmintiendo los hechos y se remitió al contenido del mismo.