En declaraciones a Servimedia, Silva se mostró "perplejo ante el desparpajo" de los socialistas al plantear "como gran éxito lo que ya está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de lo Contencioso Administrativo".

La supuesta reforma que uiere emprender el PSOE, explicó, consiste en que los recursos de casación contra actuaciones administrativas o decisiones que pueden vulnerar la normativa autonómica se agoten en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

Estos recursos sólo llegarían al Tribunal Supremo cuando, además de vulnerar normativa autonómica civil o administrativa, los actos que se recurren afectan a la Constitución, a leyes estatales o europeas, exactamente como ocurre actualmente.

SUPREMO, SOLO NIFICACION

Este planteamiento, por lo tanto, no supondría ningún cambio, recalcó, pues para que los tribunales superiores de justicia sean realmente la última instancia, deben ser el órgano de casación civil, administrativa e incluso penal ordinaria, ya sea respecto a leyes autonómicas o estatales.

De este modo, el Tribunal Supremo sí que quedaría realmente como un órgano dedicado a la unificación de doctrina, función que realizaría con más eficacia que ahora, con "noventa magistrados dedicados amiles de asuntos", lo que hace que tenga que unificar también los criterios de sus propias secciones.

Silva agregó que la propuesta defendida por CiU es la que realmente convertiría a estos tribunales en última instancia, y así lo planteó su grupo parlamentario en una enmienda cuando se debatía en el Congreso la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ante la que el PSOE se abstuvo.

Con todo, reiteró que "lo que dice el PSOE realmente en su programa no convertiría los tribunales superiores de justiciaen última instancia", por lo que se confesó "asombrado por lo que pretenden vender".