En una providencia, el magistrado argumenta, tal y como expone el fiscal en su informe, que la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos para apreciarla. Además, en línea con el Ministerio Público, señala que en la Generalitat “hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a que la Generalitat se constituyera como acusación particular en esta pieza al entender que el Gobierno catalán no avala suficientemente su legitimación como perjudicada en este caso puesto que en su composición hay “miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, lo que supondría que se persona “contra sí misma”, en lo que sería una “personación ficticia”.

De aceptarse la personación que pretende el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el Gobierno catalán pasaría a ser acusación particular teniendo en su seno a quien es investigado en este asunto.