Barbero pidió el pasado 28 de octubre a la dirección del PSOE que le enviara en un plazo de cuatrodías, que expiró ayer por al noche, el libro de actas, los libros de contabilidad y la declaración anual de ingresos y pagos, así como la certificación de los cargos de responsabilidad de los parlamentarios Carlos Navarro y Josep María Sala, supuestamente implicados en la causa.

Por toda respuesta, el presidente del PSOE, Ramón Rubial, pidió el amparo del Congreso y el Senado ante la investigación del juez afirmando que su actuación "no se ajusta a derecho", por entender que su fiscalización correspone exclusivamente al Tribunal de Cuentas.

Numerosos catedráticos y miembros de la judicatura han mostrado criterios dispares sobre la medida adoptada por Barbero que se acogió al artículo 573 y 574 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permiten ordenar "el registro de libros y papeles de contabilidad" siempre que existan "indicios graves de que de estas diligencias resultará el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa".

De acuerdo con esta normativ, el magistrado podría enviar un exhorto al PSOE para emplazarle de nuevo a entregar la documentación requerida o personarse incluso en la sede del partido para requisar los libros de contabilidad.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, declinó hoy hacer alguna manifestación al respecto, insistiendo en que la sala se limitará a resolver las cuestiones jurídicas que se le planteen, entre las que no incluye las cartas enviadas el pasado martes por el presidente del SOE.