La oferta, que confirmaron a esta agencia miembros de la dirección de IU, se produjo en una reunión solicitada por Olmos para pedir explicaciones sobre su no inclusión en las listas electorales de la colalición IU para las elecciones regionales del mes de mayo.

Miguel Angel Olmos pidió a los líderes de la coalición una "satisfacción" por no conocer por los caucesnormales que quedaba "descolgado" de las listas electorales para los próximos comicios autónomos.

Según el diputado, en el transcurso del encuentro "me alegraron los oídos reconociéndome la labor desarrollada como diputado y diciéndome que en el terreno deportivo soy una de las personas más cualificadas".

En su opinión, todas esas promesas pretendían apagar el evidente descontento del diputado independiente y evitar que Olmos abandonara Izquierda Unida.

El parlamentario de IU, que en la actulidad trabaja como responsable de unas instalaciones deportivas privadas, entró en la Cámara de Madrid cuando Manuel Corvo dejó vacante su escaño, tras dimitir en solidaridad con Enrique Curiel.

Como se recordará, Curiel dejó el escaño en la Carrera de San Jerónimo, a mediados de 1989 y hoy está encuadrado dentro de las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

MAL VISTO EN IU

Olmos, que provenía de la desaparecida Fundación Progresista, liderada entonces por Ramón Tamames, hoy en lasfilas del Centro Democrático y Social, nunca contó con la confianza de sus compañeros de coalición y poco a poco fue postergado de sus tareas parlamentarias, según explicó en las mismas declaraciones a esta agencia.

Después de ocupar el escaño se vio involucrado en el "affaire" de un intento de soborno, supuestamente protagonizado por el empresario y "broker" Gustavo Durán, que el pasado 19 de mayo de 1989 le habría ofrecido 100 millones de pesetas a cambio de su voto favorable en la moción de censurapresentada por el Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS) contra el Presidente regional, Joaquín Leguina.

Precisamente, ayer fue la vista contra el empresario, que tendrá que esperar hasta este próximo jueves para que el juicio quede visto para sentencia, después de que su defensor pidiera un plazo de tres días para elaborar el dictamen final.

El fiscal solicita un mes y un día de prisión y una multa de 100 millones de pesetas, por un delito de cohecho activo, mientras que la cusación particular, encargada a Cristina Almeida, pide seis meses de arresto y una sanción económica del duplo del supuesto soborno, es decir, 200 millones de pesetas.