El coordinador general de Izquierda Unida en Baleares, Eberhard Grosske, acusó hoy en rueda de prensa a Gabriel Cañellas de favorecer los intereses de sus socios al promover la operación, "en la qe además podría haberse producido un desvío de comisiones hacia el Partido Popular".

El Consejo de Gobierno aprobó la compra directa del nuevo edificio de la Consejería de Agricultura en 1991 por valor de 745.920.000 pesetas. Tres agentes inmobiliarios participaron en la operación y cobraron por ello una comisión de 40 millones de pesetas. Uno de los intermediarios fue Andreu Roig Florit, socio de Gabriel Cañellas en la empresa urbanizadora Es Semente S.A.

Izquierda Unida sospecha que parte de lacomisión abonada a los intermediarios pudo acabar en las cuentas del Partido Popular. Esta formación política señala también en la denuncia presentada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que el Gobierno Balear pudo cometer un delito de malversación de fondos públicos. El Gobierno pagó 745 millones de pesetas por el edificio, 84.030.000 pesetas más de lo solicitado inicialmente por los propietarios.