En el encuentro anual con medios, el presidente de Inverco destacó la “evolución positiva” desde los primeros borradores del proyecto hasta el último del que disponen, pero consideró que los incentivos que se recogen son “insuficientes” en términos de reducción de la base de cotización a la Seguridad Social y en términos de aportaciones voluntarias.

“El esfuerzo merece la pena en esta fase inicial de arranque, que es cuando hay que poner los motores a pleno rendimiento”, afirmó Martínez Aldama, quien apostó por recuperar las bonificaciones en Sociedades y en cuanto a la exención de la base de cotización que había en 2006 y 2013. “Deberíamos volver a ese estímulo, inicial, no más pero tampoco menos”, añadió.

También planteó cambiar el Estatuto de los Trabajadores para obligar a las mesas de negociación a “negociar, que no acordar” esos planes, las limitaciones actuales en las empresas públicas para hacer aportaciones y dar la estimación de la pensión pública que se va a cobrar. “Queremos dejar claro que esto no es una crítica a la iniciativa, al contrario, bienvenida sea”, puntualizó.

También comentó que, según el borrador, no hay limitaciones para que cualquier gestora pueda presentarse al concurso para gestionar estos planes.

Sobre el plazo en el que puede estar en marcha el nuevo fondo de adscripción pública para promover los planes de pensiones de empleo, el presidente de Inverco recordó que el compromiso con la Comisión Europea es tenerlo aprobado antes de junio de este año y “previsiblemente” el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley en segunda vuelta “a lo largo de este mes de febrero”. “Solo habría apenas cuatro meses” para el trámite parlamentario, destacó el presidente de Inverco, quien pidió celeridad en la tramitación y manifestó preocupación por que no estén operativos los nuevos instrumentos en este año.

Por otra parte, sobre las disoluciones de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) por el cambio normativo que empeora la tributación de esta figura, desde Inverco explicaron que prevén que el grueso de ese proceso se produzca en 2023 y recordaron que el cambio afecta a las sicavs españolas pero no a las que se creen en otros países y se comercialicen en España.

Ante este cambio, desde Inverco prevén que parte del patrimonio de las sicavs que se disuelvan vaya a carteras de gestión discrecional y a fondos de inversión.