En un auto fechado el pasado 7 de octubre al que tuvo acceso Servimedia, el magistrado del Tribunal Supremo se ratifica en las resoluciones adoptadas el pasado mes de julio por las que decidió exigir a ocho empresas los informes que encargaron a Filesa, Malesa y Time Export por los que pagaron cientos de millones de pesetas y que, según las acusaciones, nunca se llegaron a realizar, desviándose los fonos a los gastos electorales del PSOE.

El fiscal del caso, Antonio Salinas, y los abogados de Luis Oliveró y Alberto Flores presentaron recurso de reforma alegando, en el caso del ministerio público, que también se negó a que se investigaran las cuentas bancarias del hólding, que esta diligencias eran "superfluas", "innecesarias" y "dilatorias".

Ante las alegaciones del fiscal, el instructor recuerda que es función del ministerio público procurar ante los tribunales "la satisfacción del interés soial" y subraya que, por la transcendencia del caso, "sólo como resultado de un profundo estudio la colectividad quedará convencida de que los querellados no cometieron los graves hechos que se les imputan".

El escrito reitera que las diligencias practicadas no son en modo alguno innecesarias "sino esenciales en la búsqueda de la verdad real de los hechos que se imputan" (malversación de caudales públicos, falsedades documentales, delito fiscal o apropiación indebida).

Salinas excluyó en su escrit que los querellados fueran autores de estos delitos aunque admitió que, de acreditarse los hechos denunciados por el ex contable de Filesa, Carlos Van Shouwen, se perfilaría "una conducta de financiación irregular del PSOE, no delictiva".

Sin embargo, el instructor mantiene que lo que pretende "no es investigar tal financiación irregular, sino la eventual comisión por los aforados (el diputado Carlos Navarro y el senador José María Sala) de los hechos objetivos de las querellas).

"Lo que es buen para la sociedad lo es igualmente para los querellados de los cuales (...) dos son representantes del pueblo con todo lo que ello significa", añade para insistir en que si la investigación se paraliza, como pretende el fiscal sin que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de la contabilidad de las empresas implicadas, no se obtendrá "la verdad histórica o verdad real".

Marino Barbero recuerda que la doctrina procesal exige que las decisiones judiciales, al igual que las del fiscal "no sean resultado e juicios de valor personales, sino de consideraciones objetivas y de conocimientos de validez general" y, a su juicio, son ésta últimas las que han prevalecido hasta el momento en la instrucción del caso.

Por otra parte, la acusación paricular en nombre del empresario Christian Jiménez, presentó hoy un escrito en el alto tribunal por el que solicita al magistrado que cite a declarar como testigos al presidente del BBV, Emilio Ibarra; al secretario general de la entidad, José Luis Segimón, y a la viud del anterior presidente Pedro Toledo.

La acusación pide que los dirigentes del banco expliquen la desaparición del informe encargado por el banco a Filesa, por el que pagaron 84 millones de pesetas, que, según los actuales responsables se perdió porque fue tratada directamente por el fallecido Pedro Toledo.

Asimismo esperan que el instructor dirija un oficio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que remita la totalidad de los contratos celebrados con motivo del AVE, asicomo todas la negociaciones, ofertas y contraofertas que se produjeron por este motivo.