En una entrevista concedida a Servimedia, la directora general de la Inspección de Trabajo, Encarnación Cazorla, atribuyó el descenso en la cuantía global de las multas a la disminución de los fraudes cometidos por las empresas, puesto que el año pasado se realizarn 31.600 visitas más que en el ejercicio anterior.

De las sanciones impuestas, el 36 por ciento correspondieron a fraudes a la Seguridad Social, el 25 por cien a incumplimientos de las normas de empleo y migraciones, el 17 por cien por no respetar las normas de seguridad e higiene, el 12 por cien debido a obstrucciones a la actividad inspectora y el 10 por cien a casos en que las empresas conculcaron la legislación de relaciones laborales (en cuestiones como salarios, jornadas, descansos y horas extra).

La Inspección de Trabajo fue particularmente activa en las actuaciones para comprobar el respeto las normas de seguridad e higiene, finalidad con la que cursó 129.462 visitas a empresas, de las que el 52 por cien eran compañías constructoras. Los inspectores investigaron 12.440 accidentes.

ECONOMIA SUMERGIDA AFLORADA

Por otra parte, la actuación de la Inspección de Trabajo permitió que 51.780 trabajadores que operaban en la economía sumergida fueran dados de alta en la Seguridad Social, lo qe supuso además unos ingresos adicionales de 16.905 millones de pesetas para el erario público, frente a los 15.805 millones recaudados en 1994 por la misma vía.

Cazorla destacó que el fraude del empleo sumergido suele realizarse con la connivencia del empresario, y señaló que quienes incumplen el deber de dar de alta a sus empleados son sancionados con multas que oscilan entre las 501.000 pesetas y los 15 millones.

Asimismo, la Inspección de Trabajo detectó a 14.460 trabajadores que cometían frade en el cobro de seguros y subsidios de desempleo, a los que se retiró la prestación, con un ahorro estimado en 11.589 millones de pesetas. Eso supone un ligero descenso en el afloramiento de este tipo de fraude, ya que en 1994 fueron descubiertos 20.296 defraudadores, lo que acarreó un ahorro de 14.493 millones.

Cazorla indicó que el empleo irregular se da, sobre todo, en los sectores del textil y la agricultura, y en las regiones del Levante y la zona más meridional de Andalucía.

La Inspecciónde Trabajo detectó a un total de 1.634 inmigrantes empleados sin permiso de trabajo, de los cuales más del 50 por ciento fueron localizados en Andalucía, Madrid y Cataluña.