Las organizaciones que piden el cierre de esas instalaciones son Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, ATIME, CEAR y SOS Racismo.

Joan Ignaci Soler, de Médicos sin Frontera, denunció, en rueda de prensa, que los inmigrantes acogidos en esa isla canaria están en unas "condiciones humanas deplorables".

Según dijo, ese colectivo no tiene espacio para pasear, no pueden recibir visitas de familiares, no cuentan con agua caliente, ni ventilación y se encuentran hacinados, lo que facilita el riesgo de contagio de enfermedades cutáneas, parasitarias y por vía respiratoria.

Por su parte, Mauricio Valentín, de CEAR, denunció que a los inmigrantes irregulares se les niega el erecho a solicitar asilo y que sólo lo pueden hacer una vez trasladados a Gran Canaria.

Begoña Sánchez, de SOS Racismo, comentó que los inmigrantes acogidos en Fuerteventura ven negado su derecho a la tutela judicial gratuita, no pueden revocar las órdenes de expulsión y no reciben información alguna sobre sus derechos en España.

Soler recalcó que remitirán esta petición de cierre de la antigua terminal del Aeropuerto de Fuerteventura al Defensor del Pueblo, a la Delegación del Gobierno en Canaris, a la Fiscalía General del Estado, al Colegio de Abogados de Las Palmas, al Consejo General de la Abogacía, al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Extranjería.

Finalmente, el dirigente de Médicos sin Fronteras reprochó al secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda "la falta de actitud" frente a los problemas de los inmigrantes acogidos en esa isla canaria.