El IEE entiende asimismo que la subida de la tarifa del IRPF es inconstitucional porque conculca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

El director del instituto, Víctor Mendoza, y el responsable de su Servicio de Estudios, Cristobal Montoro, aseguraron hoy en rueda de prensa que la economía española atraviesa una situación de "crisis" y "estanflación" comparable a la del periodo 1975-1985.

A su juicio, as causas estriban no sólo en la mala coyuntura internacional, sino también en la equivocada política de enfriamiento económico adoptada por el Gobierno y el excesivo crecimiento de los costes laborales.

Montoro acusó al Gobierno de mantener una "actitud abandonista", permitiendo que todos los problemas se acumulen en el 92 y negó que la subida de la tarifa del IRPF vaya a afectar sólo al 35 por ciento de los contribuyenes, como asegura la Administración.

Señaló también que el encarecimiento del recio del dinero decidido ayer por el Banco de España provocará una merma adicional de competitividad en las empresas, al elevar sus costes financieros, además de agravar el déficit comercial.

En su opinión, la finalidad de esta medida es restaurar la credibilidad de la peseta en los mercados internacionales de divisas, dada la imperiosa necesidad que tiene la economía española de las transferencias de ahorro extranjero para seguir funcionando.

PRIVATIZACIONES

Montoro recalcó que en la situació actual, con un crecimiento del PIB que el IEE estima en un 1,5 por ciento, destrucción neta de empleo y dificultades cada vez mayores sobre todo en el sector industrial, sólo cabe hablar de "crisis".

A su juicio, es necesario adoptar reformas estructurales profundas como la privatización de empresas públicas, la reforma del mercado laboral y la desregulación de sectores productivos, ya que el margen de maniobra de la política monetaria y la presupuestaria es muy pequeño.

Indicó asimismo que la sbida de impuestos reducirá el consumo, "lo que sería deseable si estuviera creciendo desmedidamente, cosa que no se desprende de las estadísticas disponibles ni de las encuestas sobre la confianza del consumidor".

Por su parte, Víctor Díaz defendió la inconstitucionalidad de la subida de las tarifas del IRPF y dijo que quiebra el derecho que tienen todos los ciudadanos a "ajustar su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles".

Rcordó que hay tres vías para interponer un recurso de inconstitucionalidad: que lo promuevan cincuenta diputados o cincuenta senadores, que lo haga el Defensor del Pueblo o que algún recurso individual presentado ante la jurisdicción contencioso administrativa obligue al juez a plantear cuestión de inconstitucionalidad.